El Código Penal volverá a ser revisado para incrementar las penas por reincidencia, según han hablado y acordado los ministros de Justicia e Interior, Alberto Ruiz-Gallardón y Jorge Fernández Díaz, respectivamente. A su condición de titular de Interior, Fernández Díaz une la de catalán y es que es en Cataluña donde más problemas se generan con los reincidentes. Esta será una de las modificaciones que aborde el Departamento de Gallardón, que ayer completó los segundos y terceros niveles de su organigrama ministerial con la toma de posesión del secretario de Estado de Justicia, Fernando Román; el subsecretario, Juan Bravo; la directora del Gabinete del ministro, Cristina Coto del Valle; el director general de los Registros y del Notariado, Joaquín José Rodríguez Hernández, y la secretaria general técnica de Justicia, Mireya Corredor Lanas.
Al acto también acudió el próximo Fiscal General del Estado, Eduardo Torres-Dulce, aunque su nombramiento definitivo todavía tardará, al menos, una par de semanas, dado que antes debe pronunciarse el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y comparecer Torres-Dulce ante la comisión de Justicia del Congreso de los Diputados, que todavía no se ha constituido, para que evalúe su idoneidad, según establece el Estatuto orgánico del Ministerio Fiscal.
Otra reforma a la que públicamente se comprometió el titular de Justicia en su discurso de ayer fue a eliminar la inhabilitación procesal del mes de agosto "en aras a la necesaria e imprescindible agilización" de la Justicia y que afectará a las causas civiles. En este sentido, destacó que, por ejemplo, en el año 2010 se tramitaron en España más de 9 millones de asuntos judiciales, mientras que en Francia, con casi veinte millones de habitantes más (65 frente a 46) se tramitaron 6 millones. También prometió el ministro ahondar en la seguridad jurídica no sólo por tratarse de un derecho constitucional, dijo, sino un factor de competitividad.
Sin estrategia de indultos para el fin de ETA
El Ministerio de Justicia echará a andar con cuatro directores generales frente a los ocho que tenía la administración anterior. Se trata de una estructura "austera pero operativa", a juicio de Gallardón, al que también tocará administrar junto con Interior el posible fin de ETA. En este sentido, fuentes de Justicia señalaron que en lo que atañe a ese Departamento, queda descartada cualquier estrategia de indultos individuales (los colectivos no están contemplados en nuestro ordenamiento jurídico) como parte de la política antiterrorista. Un etarra estará sometido al mismo trato individualizado "que cualquier otro preso" a la hora de acceder a esta medida de gracia, si es que accede, cuestión que preocupa, y mucho, a las víctimas del terrorismo.
De Interior dependen los acercamientos de presos terroristas a cárceles próximas al País Vasco ya que a él compete la política penitenciaria. No obstante, se trata de dos Ministerios obligados a trabajar mano a mano entre sí y con la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría.
En el acto de ayer estaban presentes la alcaldesa de Madrid, Ana Botella, así como la otrora mano derecha de Gallardón, Manuel Cobo, con el que el hoy ministro estuvo hablando unos minutos. También estaban entre el público su antigua delegada de las Artes del Ayuntamiento de Madrid, Alicia Moreno. Se echó de menos la presencia de otros representantes del Gobierno y del PP. Nada que ver con lo sucedido el lunes en la toma de posesión de los cargos de Sanidad donde acudieron la vicepresidenta, la ministra de Fomento, los presidentes autonómicos de Galicia y Cantabria, ex ministros de Sanidad y una amplísima representación de cargos de Génova y del PP andaluz. Ayer, todos brillaron por su ausencia. Por no estar no fue ni el responsable de Interior, Justicia y Libertades del PP, Federico Trillo. Tampoco lo hizo al acto de toma de posesión del ministro. La verdad es que él ha sido, junto con el vicesecretario de Comunicación del PP, Esteban González Pons, los dos grandes 'damnificados' al quedarse fuera del Gobierno.
