Inmersa en la negociación colectiva, España contará dentro de poco con una nueva reforma laboral, la enésima desde que estalló la crisis. Y así, empresarios y sindicatos se reúnen estos días a destajo, formulando, en palabras del economista Javier Velasco, “ensayos para el futuro laboral a corto plazo en vez de fijar un horizonte sólido”. Al mismo tiempo, otros países sobreviven a la crisis sin la necesidad de trastocar continuamente el mercado de trabajo: Dinamarca, Austria o Alemania.
En los tres países rige un denominador común: la flexiseguridad, ese modelo abandonado que hace un lustro defendiera el ex ministro de Trabajo, Jesús Caldera. Se trata de instrumento que, unido a un consenso en la negociación laboral y a una mayor apertura al exterior, podría sentar las bases para una reducción del desempleo en nuestro país, como aseguran no pocos expertos.
Grosso modo, consiste en fomentar la contratación abaratando el despido, pero elevando otras prestaciones, como el desempleo o el salario mínimo. Con la congelación del SMI, España se ha extraviado de ese camino.
En teoría, la flexiseguridad es una herramienta útil: por un lado, la da pie a las empresas a reducir costes sin prescindir de la plantilla en los momentos duros; y por otro, permite a los trabajadores mantener el empleo y utilizar el marco laboral para conciliar su vida laboral con la familiar. En la práctica, exige un nivel de gasto casi utópico para la España de 2012.
Equilibrio entre reformas e impuestos
Un vistazo al modelo danés, el más exitoso de todos, permite atisbar un equilibrio entre la reforma estructural del mercado laboral y el sistema impositivo. Todo ello va respaldado por una fuerte inversión pública en educación y bienestar. Se crea así un entorno favorable para las empresas, pero a cambio se protege a los trabajadores, sobre todo a los grupos de renta baja. El Estado juega un papel muy activo vía inversión en educación y bienestar. También, por supuesto, en protección social. Y, por si fuera poco, se tiende a la socialización del cuidado de niños y ancianos, se otorgan ayudas públicas a familias para promover las guarderías y las residencias de ancianos, se fomenta la empleabilidad de la mujer…
Empresarialmente, se dan facilidades para contratar y despedir. También hay que liberalizar la industria para hacerla competitiva, gracias, en parte, a impuestos bajos que creen un clima favorable a la inversión. Pero eso no es todo: hay que elevar el salario mínimo interprofesional, que en Dinamarca llega a 1.500 euros, lo mismo que en Irlanda o Bélgica. Otros países que cuyo SMI deja a España en ridículo son Francia (1.365 euros), Reino Unido (1.232 euros), Holanda (1.424), Grecia (739)… Solo Eslovaquia y Portugal están por detrás. Ojo: en Dinamarca no existe oficialmente salario mínimo, pero éste sí se contempla en casi todos los convenios.
Más allá de un mero abaratamiento
“No sé si podría ser válida la flexiseguridad para España, porque para ello hay que tener dinero”, reconoce Javier Velasco, que no es un gran defensor de ese modelo, aunque tampoco lo abomina. “Me preocupa más que, con los recursos económicos, matemáticos y tecnológicos que poseemos, no establezcamos un proyecto laboral de aquí a, por ejemplo, 2020. ¿Tan difícil es eso para un país de 47 millones? En ese camino, la flexiseguridad, e incluso sacrificios dolorosos, son aceptables. Pero preferimos regirnos por esa regla liberal que ordena reformar lo que parece que es imprescindible, porque del resto las fuerzas del mercado se ocuparán”.
La reforma integral del modelo danés más allá de un mero abaratamiento del despido ha funcionado. Dinamarca aparece siempre en los primeros puestos del mundo en todos los rankings sobre renta per cápita, competitividad y transparencia.
