Una fiscal en excedencia hizo saltar la alarma en Twitter; el duque de Palma podría eludir la justicia debido a la prescripción de algunos de los delitos que se le imputan. Desde entonces han sido muchos quienes se han puesto a analizar la poca información del sumario judicial que existe para ir ‘descartando’ posibles causas contra Urdangarin. De momento su socio, Diego Torres, lleva seis meses imputado, acusado de delitos como falsedad documental, prevaricación administrativa, fraude a Hacienda y malversación de caudales públicos. Además, la entidad sin ánimo de lucro que presidía el exdeportista podría estar bajo sospecha también por tráfico de influencias, cohecho, e incluso blanqueo de capitales, por el desvío de fondos de la trama a paraísos fiscales.

En España, el plazo de prescripción comienza a contar desde que se comete el delito, y se computa según un código de determinados años para cada delito, por lo que se puede afirmar que los presuntos delitos fiscales cometidos en los ejercicios 2004 y 2005 ya habrían prescrito. La malversación de caudales públicos sin embargo, todavía estaría en plazo para ser perseguida, y además incluiría la falsedad documental, que por sí misma sí habría prescrito, pero que al ser delito utilizado como medio para cometer otro quedaría incluido en el principal (la malversación).

También se habría agotado el plazo para juzgar el tráfico de influencias. Sin embargo, si se demuestra que el duque hizo caso omiso a las indicaciones del Monarca para continuar con sus dudosas actividades en 2008 y 2009, podría ser igualmente perseguido por ello.

Así pues, quedarían pendientes las causas por prevaricación administrativa y por cohecho (lo que se conoce a pie de calle como ‘soborno’). De esto último no podría zafarse si los jueces pudieran determinar que lo hubiera cometido. Tampoco de la prevaricación, que pese a que es un delito aplicable únicamente a jueces o funcionarios públicos (dictar resoluciones injustas conociendo tal circunstancia), condición que Urdangarin no ostenta, ya tiene su figura recogida en la justicia. El Tribunal Supremo estableció que los particulares pueden ser condenados por tal delito como ‘extraneus’ por haber inducido a un funcionario (intraneus) a cometerlo.

De modo que la táctica del duque de Palma de momento es retrasar al máximo posible su proceso judicial. Al menos le ha funcionado con delitos como el tráfico de influencias o los fiscales, mientras su comportamiento ‘no ejemplar’ se reduce ahora a la malversación, la prevaricación con falsedad documental y el cohecho. No queda otra que esperar para ver cómo solventa Urdangarin su turbulenta etapa al frente del Nóos.