El Gobierno estima que la prórroga para 2012 de la aplicación del tipo superreducido del 4% del IVA sobre determinadas entregas de viviendas tendrá un coste recaudatorio total para las administraciones públicas de 750 millones de euros, de los que 367,5 millones de euros corresponderán al Estado, mientras que las comunidades autónomas perderán 375 millones y los entes locales, 7,5 millones.
Sin embargo, admite que "no se dispone de información para estimar el impacto recaudatorio" de la recuperación, con efectos retroactivos, de la deducción por inversión en vivienda habitual para rentas superiores a 24.000 euros, suprimiendo de esta forma el límite que el Ejecutivo socialista impuso para 2011.
Así lo revela la memoria de análisis de impacto normativo que acompaña al decreto de medidas de ajuste presupuestario, a la que ha tenido acceso Europa Press, un documento de seis páginas en el que el Gobierno facilita el coste tributario de algunas de las medidas que el Pleno del Congreso convalidó este miércoles con los votos de PP, CiU y UPN.
El Gobierno confirma los datos que facilitó tras la rueda de prensa del Consejo de Ministros en relación a las modificaciones fiscales con las que pretende recaudar 6.275 millones más al año a través del IRPF (5.357 millones de euros) y el IBI (918 millones de euros).
Sin embargo, argumenta que no dispone de información para estimar el efecto recaudatorio de otras medidas fiscales, como el incremento del 19% al 21% en la tributación de las rentas del capital o la prórroga de los incentivos fiscales a las pymes por mantenimiento o creación de empleo.
Además, no menciona otras medidas como la prórroga durante 2012 de la posibilidad del Estado de otorgar avales a la banca por 100.000 millones de euros, el incremento de la jornada laboral de los empleados públicos a 37,5 horas semanales, la congelación salarial y el recorte de la oferta pública de empleo al reducir a cero la tasa de reposición.
1.382,65 millones por las pensiones
Lo que sí confirma es que la subida de un 1% de todas las pensiones supondrá un coste global de 968,47 millones de euros, mientras que la revalorización derivada de la desviación del IPC en las pensiones mínimas costará 414,18 millones de euros. En total, 1.382,65 millones de euros imputables al presupuesto de 2012, que beneficiarán a un total de 9,5 millones de pensionistas.
Al presupuesto de 2011 se imputarán además otros 441,69 millones de la paga adicional que tuvo que abonarse a los pensionistas de mínimas y no contributivas por la superación del objetivo de inflación interanual en noviembre (mes de referencia para la revalorización de las pensiones).
La reducción del déficit justifica la urgencia
El análisis jurídico de la norma asegura que concurren las "circunstancias de extraordinaria y urgente necesidad" que justifican, de acuerdo a la Constitución, que las medidas se aprueben mediante un decreto ley.
Ello, según el Gobierno, porque resultaba "imprescindible" actualizar los Presupuestos Generales del Estado de 2011 que se prorrogan para los primeros meses de 2012 con "determinadas medidas" que fueran de aplicación desde el 1 de enero.
Además, considera que la reducción del déficit público justifica la "incorporación inmediata al ordenamiento" de otra serie de medidas que el decreto contiene.
Formaciones como IU han puesto en duda la constitucionalidad del decreto, ya que consideran que incluir una revisión fiscal en un decreto ley y no en un proyecto de ley contradice la doctrina del Tribunal Constitucional.
