El secretario de Estado de Comercio, Jaime García-Legaz, afirmó ante un nutrido grupo de inversores internacionales que la reordenación financiera en España será “razonable y manejable”, sumándose a las tesis del ministro de Economía, Luis de Guindos, que dijo lo mismo en el diario Financial Times.
Conforme queda recogido en su discurso, “de acuerdo a nuestras estimaciones y a tenor de la evolución de las instituciones financieras”, el alcance del problema será del 4% del PIB "como mucho", unos 50.000 millones de euros, lo que supone que España está lejos de ser un caso similar al irlandés.
García-Legaz comentó esto en el foro Spain Investors Day, rodeado de inversores internacionales de las principales plazas europeas, así como algunos asiáticos y americanos. El secretario de Estado insistió en que durante la primera mitad del año el Gobierno llevará a cabo los procedimientos necesarios para que se limpien los balances de los bancos de una manera “clara y concluyente”.
Este proceso “hará necesaria una nueva ronda de consolidación entre las instituciones financieras y el Gobierno intentará que tengan el mínimo coste público para no contaminar el riesgo soberano con el riesgo bancario”.
Ese coste es el que sitúa en apenas 50.000 millones de euros, una cifra sensiblemente inferior a las que se manejan en mercado, que aunque muy variables, son muy superiores en general, lo que puede hacer suponer que el Gobierno, o maneja información desconocida aun para el público o peca de optimismo.
En este sentido, aseguró que en pocas semanas habrá una nueva ley de reforma del sistema financiero, a la que se sumarán cambios en los órganos reguladores para garantizar su independencia y evitar que actúen con criterios políticos. Añadió que “España no cambiará las reglas del juego”, insistiendo en cuestiones como la seguridad jurídica y la estabilidad regulatoria.
El ex secretario general de FAES hizo hincapié en que el nuevo Gobierno quiere acelerar el proceso de reformas, por lo que intentarán que se alcance un nuevo marco laboral con contratos más flexibles, y dar prioridad a los acuerdos salariales entre compañías, en detrimento de los convenios colectivos.
