Economistas y juristas coinciden en que la propuesta lanzada por el Gobierno para exigir responsabilidades penales a los gestores públicos que incumplan los presupuestos podría requerir una reforma del Código Penal que tipifique un nuevo delito y arroje transparencia a las cuentas públicas.

El anuncio del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, sobre un posible cambio legal para castigar a quienes gestionen mal el dinero público ha sido bien acogido, pese a su concisión, por el presidente del Consejo General de Colegios de Economistas de España, Valentí Pich. El economista ve la posibilidad de que la propuesta de Montoro -avalada por su "amplio recorrido académico y en la Administración"- se regule a través de una modificación del Código Penal, que ha sido reformado "regularmente" y por última vez hace apenas un año.

Si algo caracteriza al Código Penal es que no puede haber condena "si el delito no está codificado", puntualiza, y recuerda que este códice ya contempla delitos que pueden emplearse para perseguir a los malos gestores.

"Hay que plantearse con mucha seriedad si toda la información que generan las administraciones públicas es la adecuada, y qué podemos hacer para que sean más transparentes y para que los gestores públicos puedan hacerlo mejor", explica Pich.

Una vía de impulsar esos criterios de "transparencia" y "claridad" sería la de incorporarlos "muy tipificados" y "con mucha seriedad" en el Código Penal; otra pasaría por reforzar los controles a la Administración: interventores públicos, sindicaturas de cuentas y auditorías externas e independientes.

"Hay muchísimo que hacer en el sector público. Es imposible conocer de verdad las cuentas de un ayuntamiento", lamenta Pich, quien advierte de que la liquidación de los presupuestos estatales y autonómicos nunca es objeto del debate público, solo su confección.

"La sociedad española lo va a ir exigiendo"

No en vano, el economista asegura que la información financiera de los ayuntamientos, comunidades e incluso del Estado es "imposible de entender", algo que ha podido propiciar un "uso abusivo de las entidades que salen del control público".

Según Pich, la propuesta de Montoro "tiene que ser un paquete de cosas para mejorar la transparencia de las administraciones, para que sean más claras, para que sean más útiles y para primar al administrador público responsable".

"La sociedad española lo va a ir exigiendo", advierte.

En esa línea, el presidente de la sección penal del Colegio de Abogados de Valencia (ICAV), Javier Gimeno, es partidario de introducir una figura penal que sancione a quienes, desde la administración pública, "se extralimiten en la contratación o utilización de más fondos de los que se dispone".

Esta conducta, que el Código Penal no sanciona en la actualidad, sería delictiva si se fijara por ley un "límite máximo de endeudamiento", como propone Gimeno, que "obligaría a los políticos a estar mas atentos a las normas presupuestarias".

"Muchos" políticos, tanto en la Comunitat Valenciana como en el resto de España, habrían incurrido en este delito, explica a Efe el abogado, quien subraya que en otros países europeos el dinero público se maneja con mayor respeto.

Gimeno recuerda que el Código Penal ya contempla otras figuras -malversación, apropiación indebida- para castigar el manejo perverso de los fondos públicos, por más que no estemos "acostumbrados a que esto se haga ni a que la Fiscalía ataque".

En todo caso, el letrado penalista cree que la mejor opción es tipificar un nuevo delito, siempre que se especifique con claridad a quiénes debería castigarse (si al secretario municipal, al alcalde o a todos los concejales, en el caso de un ayuntamiento) y se regule una sanción económica.

"Ya va siendo hora de que en España las sanciones se apliquen correctamente", algo que no ocurrirá, augura el letrado, "hasta que la devolución del dinero afecte al patrimonio personal" de los gestores públicos.