La defensa de Baltasar Garzón y la Fiscalía han pedido la nulidad de la causa abierta al juez por investigar los crímenes del franquismo y han cargado contra el instructor de la misma, Luciano Varela, del que han dicho que "tomó partido y perdió su imparcialidad" y cuya actuación han calificado de "insólita".
Tanto el abogado Gonzalo Martínez-Fresneda como el fiscal Luis Navajas se han referido con estos términos a la providencia dictada en abril de 2010 por la que Varela dio una "segunda oportunidad" a Manos Limpias para que corrigiera los defectos advertidos en su escrito de acusación.
Así, el letrado de Garzón ha considerado que el instructor "vulneró normas esenciales del procedimiento, tomó partido y perdió su imparcialidad" al llegar a sugerir la forma en la que el sindicato ultraderechista debía corregir esos errores, advirtiéndole por ejemplo de que debía precisar la calificación del delito de prevaricación incluyendo el término "a sabiendas".
Defectos formales
La tutela judicial efectiva "no puede servir para amparar el derecho a que el juez reoriente la estrategia de acusaciones que son defectuosas", ha insistido el abogado, que ha recordado casos como el de Filesa y el Nani, en los que los defectos formales impidieron la continuación de la causa contra algunos de los acusados.
Por su parte, el fiscal -que ha asegurado que en sus 36 años de carrera no ha visto una actuación parecida a la de Varela- ha dicho que la providencia "transmuta un escrito de acusación que por sí mismo no se salvaba, y el juez colabora y coadyuva a reconstruir lo absolutamente irreconstruible".
Varela "devolvió el toro a los toriles porque el morlaco (...) no estaba bien presentado para torearse en una plaza de primera", ha añadido el fiscal.
El escrito finalmente presentado por Manos Limpias, que pide 20 años de inhabilitación para Garzón, fue "un corta y pega" de los autos del instructor, hasta el punto, según Martínez-Fresneda, de que incluían las mismas erratas.
El texto no precisa qué resoluciones son inadecuadas
La defensa sostiene, además, que el texto debió rechazarse porque no precisa cuáles de las resoluciones adoptadas por Garzón son las supuestamente injustas y, por tanto, prevaricadoras y que tenía como único objetivo que Varela pudiera abrir juicio oral y, por tanto, conseguir la suspensión del juez, que tuvo lugar en mayo de 2010.
El letrado también ha solicitado el sobreseimiento de la causa en aplicación de la "doctrina Botín" del propio Tribunal Supremo, que estableció que no se puede abrir juicio oral a instancias únicamente de la acusación popular cuando la Fiscalía y los posibles perjudicados piden el archivo.
Según la defensa de Garzón, ni Manos Limpias ni Libertad e Identidad, que también ejerce la acusación, han resultado ofendidas o perjudicadas por la supuesta prevaricación de Garzón, por lo que carecen de legitimación para acusarle.
Además, ha dicho que en este caso no es aplicable la "doctrina Atutxa", que permite acusar en solitario a la acción popular si es para defender "intereses colectivos", y ha recalcado que la conducta de Garzón "no ha causado perjuicio alguno".
Indefensión ante el Supremo
Por último, Martínez-Fresneda ha denunciado la indefensión que supone el que el Supremo no haya aceptado escuchar el testimonio de juristas españoles y extranjeros que sostienen las mismas tesis de Garzón.
Entre ellos figuran los tres magistrados del pleno de la sala de lo penal de la Audiencia Nacional que defendieron su competencia para investigar los crímenes del franquismo, la exfiscal jefe del Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia Carla del Ponte o el juez chileno Juan Guzmán, que en 1999 procesó a Augusto Pinochet.
El abogado ha pedido al tribunal que escuche a personas para valorar "si sus opiniones son razonadas o son pamemas".
Tras las peticiones de la defensa, el abogado de Manos Limpias, Joaquín Ruiz Infante, se ha opuesto a todas ellas, ha defendido el derecho del sindicato a actuar como acción popular en defensa de lo que ha llamado "intereses generales" y ha dicho que Varela se limitó a "perfilar" su escrito de acusación.
Ruiz Infante ha concluido expresando su respeto por las víctimas del franquismo.
"Nada tenemos que decir de las denuncias de los familiares de quienes han sido víctimas de hechos horrendos", ha recalcado antes de insistir en que lo que debe dilucidarse es si Garzón cumplió la ley al declararse competente para investigar los hechos.
La vista se reanudará el próximo día 31 con la declaración de Garzón, siempre que la sala no admita ninguna de las peticiones de nulidad formuladas hoy.
