En su primera comparecencia en el cargo en la Comisión de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón Gallardón ha sorprendido al anunciar reformas de gran calado que afectan a la Ley del Aborto, la legislación respecto a menores e incluso a las tasas judiciales en segunda instancia. 

El ministro de Justicia ha anunciado en el Congreso una reforma de la Ley de Salud Sexual e Interrupción Voluntaria del Embarazo en la que se exigirá el consentimiento paterno en relación a las menores, al mismo tiempo que ha avanzado una nueva regulación en la Ley del Menor, por la que se unificará la investigación y el enjuiciamiento en casos de delito grave.

Gallardón ha indicado que en la reforma de la ley de marzo de 2010 de interrupción voluntaria del embarazo también se defenderá el derecho a la vida en los términos ya definidos por la doctrina del Tribunal Constitucional.

"Se trata de la reforma legislativa parcial más importante. Que no les sorprenda que la anuncie yo porque la trataremos en esta comisión. Fue aprobada sin el consenso de los órganos consultivos. Nos inspiraremos en la doctrina defendida en el Tribunal Constitucional y por supuesto principios anunciados por nuestro partido estarán incluidos en esta reforma", ha agregado.

Pena de prisión permanente revisable 

Asimismo, ha avanzado la introducción de una nueva regulación en la Ley Orgánica de Responsabilidad Penal del Menor, por la cual se unificará la investigación y el enjuiciamiento, en los casos de delito grave en los que estén implicados mayores y menores, sin que esto suponga una merma de los derechos del menor.

"Creo que hay una sensación de que la ley orgánica no da respuesta suficiente a los problemas que se plantean en nuestra sociedad", ha puntualizado.

La reforma afectaría a casos como el de Marta del Castillo, en el que el menor apodado "El Cuco" fue juzgado individualmente y condenado por encubrimiento, o los atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid, en los que había también un menor implicado, conocido como "El Gitanillo", condenado a 6 años de internamiento en régimen cerrado y 5 años más de libertad vigilada.

En su comparecencia, Gallardón ha anunciado también que el Gobierno estudiará la posible instauración de la pena de prisión permanente revisable, en la línea de la que existe en otros países europeos, que sería una pena excepcional para supuestos muy restringidos y que hubieran causado una gran alarma social.

Tasas judiciales en segunda instancia

El titular de Justicia ha anunciado también la introducción de tasas judiciales a partir de la segunda instancia, como medida para reducir la litigiosidad, evitar "abusos" y mejorar el uso de los recursos disponibles. "Si el ciudadano no se conforma con la respuesta del poder judicial y lo que solicita es un segundo pronunciamiento es cuando se aplicará el nuevo modelo de tasas", ha anunciado el ministro de Justicia, para añadir que dicha tasa se reintegrará si el recurso prospera.

Estarán exentos de pago las personas que acrediten falta de recursos, y este mismo control se aplicará al modelo de justicia gratuita, ya que se exigirá la acreditación de falta de recursos para poder disponer de abogado de oficio, según anunció Ruiz-Gallardón. También en caso de recurrir la primera resolución que se obtenga, se revisará de nuevo la situación económica del solicitante para poder seguir haciendo uso de la justicia gratuita en los recursos.