El Consejo de Ministros ha aprobado hoy el anteproyecto de ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera de las Administraciones Públicas, con el que pretende reforzar la idea de estabilidad presupuestaria y hacerla permanente. Se trata del primer anteproyecto de ley del Gobierno que preside Mariano Rajoy, que ya anunció durante la campaña y en el debate de investidura que quería que su primera gran ley se centrara en el control del déficit.

El anteproyeto, que afecta a todas las administraciones, ha recibido el visto bueno de las comunidades autónomas y de las corporaciones locales en el Consejo de Política Fiscal y Financiera y en la Comisión Nacional de Administración Local.

El texto desarrolla la reforma constitucional que se aprobó en agosto y especifica que al finalizar el periodo transitorio todas las administraciones públicas deben presentar equilibrio o superávit.

Se considera que se cumple este requisito cuando el déficit estructural no supere el 0,4% del PIB y la deuda de las administraciones en su conjunto no supera el 60% del PIB, salvo en circunstancias excepcionales como catástrofes naturales, recesión económica grave o situación de emergencia extraordinaria.

Tanto el Estado como las comunidades autónomas y grandes ciudades deberán aprobar un techo de gasto con carácter previo a la elaboración de sus presupuestos basándose en una regla de gasto que incorpora la normativa europea en esta materia.

Para la fijación de los objetivos de estabilidad presupuestaria se tendrá en cuenta la regla de gasto establecida y el déficit estructural alcanzado. En caso de desviación, el objetivo deberá contemplar una reducción mínima anual del 0,5% del PIB para el conjunto de administraciones públicas, que se distribuirá en función de la administración responsable y de los límites establecidos para cada administración.

Para la fijación del objetivo de deuda pública se tendrá en cuenta el volumen alcanzado en el ejercicio inmediato anterior. Si se exceden los límites establecidos, se deberá garantizar una senda de reducción, siguiendo la normativa comunitaria, de al menos una veinteava parte anual de la desviación.

Una vez cumplidos los objetivos, cada territorio elaborará sus propias cuentas y decidirá a qué quiere destinar sus presupuestos. Si hay desviaciones, entrarán en juego los mecanismos correctores para reorientar los objetivos y sanciones cuando sea necesario. Estas sanciones atenderán tendrán en cuenta la reiteración y la magnitud de la desviación.

Nombramientos del Fiscal General del Estado y el director del Instituto Cervantes

El Gobierno ha nombrado hoy fiscal general del Estado a Eduardo Torres-Dulce después de haber recibido el informe favorable por unanimidad del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y tras comparecer el pasado miércoles en el Congreso de los Diputados.

Soraya Sáenz de Santamaría, en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, ha recordado que el CGPJ reconoció en su informe "los méritos sobrados" de Torres-Dulce para ponerse al frente de la Fiscalía General del Estado. La vicepresidenta también ha destacado que el nombramiento de Torres-Dulce (Madrid, 1950) fue "muy bien recibido por todas las formas políticas" cuando acudió a la Comisión de Justicia del Congreso, donde se destacaron "sus méritos y capacidad".

Asimismo, Víctor García de la Concha, director de la Real Academia Española desde 1998 hasta 2010, ha sido nombrado hoy director del Instituto Cervantes.

Depósitos y multas para los que no cumplan

Las comunidades autónomas que no corrijan la desviación del déficit en seis meses serán multadas con una sanción del 0,2% de su PIB nominal, según recoge el anteproyecto de Ley de Estabilidad y Sostenibilidad Presupuestaria aprobado este viernes por el Gobierno.

Al término de la reunión del Consejo de Ministros, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, adelantó que cuando las comunidades incumplan con el compromiso de déficit tendrán que realizar un depósito por este importe que, transcurridos seis meses y si persiste el incumplimiento, se convertirá en multa.

Pasados nueve meses, si el déficit sigue sin ser corregido, una delegación del Gobierno Central se trasladará a la comunidad incumplidora para valorar la situación financiera de la misma.

Así, las administraciones que incumplan sus planes para corregir las desviaciones de déficit deberán constituir un depósito, que podrá convertirse en multa en caso de que los incumplimientos se reiteren. La normativa también establece también un mecanismo de alerta temprana y de respuesta inmediata ante la desviación en los planes correctores. De hecho, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas podrá enviar una delegación a cualquier administración incumplidora para analizar la situación, tal y como ocurre en la Unión Europea.

Finalmente, la Ley refuerza el principio de transparencia, ya que las administraciones tendrán que acompañar sus proyectos de presupuestos de la información precisa para establecer la equivalencia entre el presupuesto y el déficit o superávit en términos de contabilidad nacional. Hasta ahora esta exigencia sólo se contemplaba para el Estado.

Además, los presupuestos deberán recoger información sobre la necesidad de endeudamiento, las inversiones de las empresas públicas, los datos de evolución de la deuda pública, los avales otorgados, las obligaciones no imputadas al presupuesto y los compromisos de gasto derivados de la utilización de fórmulas de pago aplazado.