Rodrigo Rato (Bankia): 1.7 millones de bajada de sueldo. José María Castellano (Novagalicia), 600.000 euros. Todó (CatalunyaCaixa), 1.2 millones... El 'tijeretazo' que establece la reforma De Guindos, para los directivos de las entidades que hayan recibido dinero público, no ha sentado nada bien entre los afectados. El mismo viernes, tras el anuncio hecho en la rueda de prensa posterior al Consejo de MInistros, comenzó la avalancha de consultas a los servicios jurídicos de las entidades para estudiar la legalidad de la medida.

El principal argumento de todos los directivos es que el Estado no puede atacar a una nómina salida de un contrato privado de común acuerdo con la entidad. "De Guindos sólo ha querido buscar el titular demagógico pero no ha querido entrar de raíz en el gran problema: Castigar a los verdaderos culpables de que las entidades estén en esta situación. Les ha tocado el bolsillo pero algunas responsabilidades habría que depurarlas en los tribunales y de eso no dice nada", aseguran desde una entidad. Desde los servicios jurídicos de un banco afectado por la medida piensan ya incluso en plantear un recurso. En el Gobierno aseguran que esta medida únicamente lo que hace es adecuar la norma europea, que limita por ley la retribución de los directivos de las entidades que han recibido ayudas públicas.

"Legislar así por decreto es bastante peligroso, especialmente cuando los grandes culpables ya se han marchado con indemnizaciones millonarias. Al final, pagan la rebaja los que han venido para solucionar la situación que han dejado otros", comentan desde un despacho de abogados que trabaja para varias entidades.

José María Castellano y César González Bueno, presidente y consejero delegado de Novagalicia, son el más claro ejemplo de esta situación. Alberto Núñez Feijoó, presidente de la Xunta, les encomendó la viabilidad del proyecto bancario gallego. Cuatro meses después de su llegada a la cúpula de Novagalicia, desde el sector se empieza a cuestionar que el tándem directivo pueda continuar unido ante esta nueva medida. "A César (González Bueno) le van a llover las ofertas sabiendo que su sueldo en este 2012 será de 300.000 euros. Será complicado retenerle", explican desde un competidor.

El consejero delegado de la entidad gallega, al igual que Castellano, cuenta con un blindaje en su contrato por el valor de una anualidad: 891.180 euros. Mientras, Castellano, según comentan en su entorno, parece haber aceptado la rebaja a 300.000 euros, ante el reto de darle un futuro en solitario a la entidad con la entrada de inversores privados.

"Mi labor de ONG la hago en mi tiempo libre, no en el despacho del banco", asevera otro alto directivo que prefiere quedar en el anonimato. En las entidades afectadas, el gran temor del tijeretazo es que se produzca una fuga de talentos hacia otros sectores o hacia las entidades solventes. "No creo que haya muchas salidas de presidentes o consejeros delegados, porque eso sería complicado de explicar a nivel mediático. Donde sí se va a producir la gran huída es en lo que podríamos decir clase media de directivos cuyo salario se quede reducido a 100.000 euros", razonan desde una entidad en la que ya se han comenzado a escuchar la posible salida de directivos si no se matiza la medida.

Según el real decreto de reforma financiera, los presidentes, consejeros delegados y directores generales de las entidades que hayan recibido FROB 1 (préstamos), la rebaja de los sueldos se extenderá hasta un mínimo de 600.000 euros. Además, se suspenderán las remuneraciones variables, que incluyen los fondos de pensiones, durante los próximos tres años. Transcurrido ese tiempo, Economía y el Banco de España valorarán si las entidades han cumplido los objetivos fijados para liberar el pago de este tramo de la retribución.

La norma se extenderá también a los consejeros no ejecutivos integrantes de los consejos de administración. Su retribución por todos los conceptos quedará reducida a 100.000 euros anuales.
En cuanto a los presidentes, consejeros delegados y directores generales cuya entidad haya percibido FROB 2 (derechos políticos), su sueldo quedará reducido a 300.000 euros anuales. Sus consejeros no ejecutivos percibirán, por todos los conceptos, un máximo de 50.000 euros.

El Fondo de Garantía pagará las provisiones de CAM, CCM y Cajasur

Por otra parte, los 50.000 millones con los que De Guindos cifra el saneamiento inmobiliario de la banca española ha comenzado a matizarse tan solo dos días después de la publicación del real decreto. En esa cifra no se contemplan las provisiones que tendrán que efectuar la CAM, CCM y Cajasur, las tres últimas entidades subastadas por el Banco de España con cargo a un Esquema de Protección de Activos.

Según fuentes conocedoras del proceso, estas nuevas dotaciones, que podrían ascender a 5.000 millones de euros, tendrán que ser sufragadas por el Fondo de Garantía de Depósitos (FDG), el órgano que cubre las pérdidas que generen estas entidades en sus nuevos dueños.

Este pago adicional puede provocar derramas de las entidades a la hucha del Fondo de Garantía de Depósitos. Según el real decreto, la aprobación de estas derramas necesita del acuerdo de dos tercios de bancos, cajas y cajas rurales, integrantes del FDG tras la integración de los tres fondos. En ningún caso, explican estas fuentes, se van a producir préstamos del FROB al Fondo de Garantía de Depósitos porque generarían déficit.