Para bien o para mal, la reforma laboral no ha dejado cabos sueltos. Uno de ellos, relacionado con los cursos de formación, viene así plasmado en el Real Decreto: “Se reconoce a los centros y entidades de formación, debidamente acreditados, la posibilidad de participar directamente en el sistema de formación profesional para el empleo”. Una forma de decir que patronal y sindicatos perderán esa exclusividad.
De este modo, nuevos participantes “debidamente acreditados” entrarán en el juego. En el Gobierno, por lo pronto, se cree que serán los centros educativos, mayoritariamente institutos, y las academias privadas las que asumirán ese rol. Según la disposición quinta del Real Decreto, esta posibilidad se abre entre otros a “centros educativos y centros integrados públicos y privados concertados de Formación Profesional”. Centros integrados son aquellos que solo ofertan FP y no educación primaria o secundaria.
También se abre el abanico a cursos en academias privadas, aunque éstas seguramente cuenten con menos medios que los centros para impartir formación. Todos los centros implicados deberán formar parte de una “red de centros de formación profesional”.
Oficialmente, la creciente concurrencia en este tipo de cursos no es mal vista ni por sindicatos ni por patronal. Ambos dan el visto bueno. “Si se va a mejorar el acceso a la formación, miel sobre hojuelas”, comenta Fernando Puig, responsable de CCOO en la materia. La CEOE abunda en la misma línea. El principal temor de los agentes sociales es que una suerte de competitividad económica se instale en la asignación de cursos, y eso provoque una merma en la calidad de los alumnos.
800 millones destinados a la formación
Aunque para el Gobierno todavía es pronto para pensar en recursos, lo que es seguro es que la entrada de nuevos actores obligará a reorganizar las partidas y reducirá las ayudas que recibe la Fundación Tripartita para la Formación y el Empleo –integrada por la Administración Central y los agentes sociales-. El presupuesto de la fundación es de 2.600 millones de euros, de los que 800 van destinados a la formación. Vozpópuli ya informó de que este año y el que viene la Fundación Tripartita recibirá 500 millones menos en calidad de subvenciones procedentes del Servicio Público de Empleo Estatal y de fondos europeos.
También ha sido retocado el apartado sobre ayuda a la formación brindada por las Comunidades Autónomas. El Real Decreto concede esta potestad a “los centros y entidades de formación debidamente acreditados e inscritos en el Registro de Centros y Entidades de Formación de la correspondiente Comunidad Autónoma”. Así pues, parece ser que se perfilan dos clases de registros, estatales y regionales.
