La limitación de pago en efectivo en la economía española a partir de determinadas cantidades -aún no fijadas, pero que podrían oscilar entre los 3.000 y los 5.000 euros- se establecerá en primera instancia para las transacciones entre empresas, ha aclarado este lunes el secretario de Estado de Hacienda, Miguel Ferre:"Lo que sí está claro es que como primera finalidad esa limitación al uso de efectivo como medio de pago será entre empresas", ha dicho Ferre a los periodistas tras participar en una jornada organizada sobre novedades fiscales organizada por Pricewaterhouse Coopers.
Durante su conferencia ha afirmado que la prohibición se aplicará "por lo menos a las empresas", aunque en sus declaraciones posteriores no ha precisado si con estas palabras excluye a los particulares.Sobre la cantidad a partir de la cual se prohibirá el uso de efectivo, medida que se incluirá en el próximo plan general de control del fraude, ha explicado que Hacienda está "analizando los diferentes flujos a partir de investigaciones de las que disponemos", y la cifra "no está cerrada enteramente".
Modelos francés e italiano
Pero cuando anunció esta medida, el pasado 5 de enero, el Gobierno dijo que se inspiraría en los modelos francés e italiano, países en los que se coloca el límite de posible pago en efectivo en 3.000 y 5.000 euros, respectivamente.
El Ejecutivo espera recaudar en total 8.171,7 millones de euros en 2012 con las distintas medidas de lucha contra el fraude fiscal, entre las que también se incluye la mejora del intercambio de información con países con tributaciones más ventajosas y paraísos fiscales.Además, el secretario de Estado ha adelantado otras iniciativas como la de buscar el consenso con comunidades autónomas y ayuntamientos para extender a estas instancias el sistema de cuenta corriente, que permite a los contribuyentes compensar créditos y deudas con la Administración Tributaria.
Agilizar pagos y devoluciones
El sistema consiste en agilizar pagos y devoluciones, compensando unos con otros, siempre que se cumplan determinados requisitos.Para el medio plazo se ha referido a una revisión del impuesto de sociedades, cuya recaudación "decreciente" no se corresponde "ni muchísimo menos" a la caída del PIB, ha afirmado.
La intención es analizar las deducciones que actualmente existen y "objetivarlas", con la intención de reducir la "litigiosidad", ha asegurado Ferre.Otra de las revisiones que se quieren hacer en el futuro es la mejora y refuerzo del tratamiento fiscal a planes de pensiones, tanto en fase de aportaciones como sobre todo de rescate de las prestaciones derivadas. Pero antes de plantear estas políticas a medio plazo debe comprobarse "el resultado de las medidas de consolidación", ha aclarado Ferre, que ha recordado que la limitación será en todo momento el cumplimiento de los objetivos de déficit definidos por la Unión Europea.
