María Dolores Amorós, ex directora general de CAM, pedirá hoy en el Juzgado de lo Social número 4 de Alicante que su despido de la entidad sea declarado improcedente para conseguir una indemnización laboral, como adelantó en enero Vozpópuli. Además, Amorós instará a que se respete la pensión vitalicia de 369.497 euros al año aprobada cuando estaba al frente de la entidad y que fue derogada posteriormente.
"La decisión de Amorós de mantener la demanda es una huída hacia adelante. No conseguirá nada y menos después del expediente que le ha abierto el Banco de España", aseguran fuentes del sector. Según un informe elaborado por la Dirección General de Supervisión de este organismo, Amorós presentó resultados de la CAM que no corresponden a la realidad, llevó a cabo una deficiente gestión y actuó en beneficio propio en materia de previsión social complementaria.
La ex directiva, que accedió al cargo tras la fuga a Banco Base de Roberto López Abad, ha rechazado este motivo disciplinario y tras solicitar la prestación por desempleo, reclamó contra su despido, una petición que fue admitida a trámite judicial. Será, pues, la titular del juzgado de lo Social 4 de Alicante quien determine este viernes si su presunta 'mala praxis' es una razón de peso para que la alicantina no sea indemnizada.
El juez de la Audiencia Nacional, Fernando Grande-Marlaka , decidió en noviembre del pasado año iniciar una instrucción contra Amorós, a la que se acusa de delito societario, estafa y falsedad documental. La ex directora general de la CAM es una de los 48 antiguos administradores y directivos de la caja alicantina sobre los que el Banco de España ha incoado un expediente disciplinario.
El informe del Banco de España ha sido remitido a la Audiencia Nacional atendiendo a su solicitud de información sobre las irregularidades e incumplimientos de la normativa bancaria y mercantil cometidos por los anteriores responsables de la CAM, que fue remitida al Banco de España en las diligencias previas.
El texto advierte de que trece directivos, entre ellos Amorós, se han beneficiado de una previsión social complementaria por importe conjunto de 31,6 millones de euros, antes de que la entidad alicantina fuera intervenida por el Banco de España el pasado 22 de julio por su delicada situación de solvencia y de liquidez.
También considera que están fuera de los requisitos legales y de la normativa interna aplicable la retribución variable de 1,3 millones de euros en conjunto pagada a los doce miembros del comité de dirección.
