Elena Salgado, exvicepresidenta del Gobierno, no ha tardado mucho en encontrar acomodo en la actividad privada, aunque ha decidido hacerlo por su cuenta. En efecto, la responsable de Economía del último Gobierno Zapatero acaba de registrar una consultora denominada Elsa and Partners. De acuerdo con el apunte que aparece en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (Borme), el objeto social de la compañía es: “asesoramiento estratégico a entidades de derecho público y privado, organismos y agencias internacionales, pertenecientes a países de la Unión Europea o de terceros países o de nivel supraestatal, en el ámbito económico, político y social”.

La sociedad tiene su domicilio en la madrileña calle de Alcalá  y cuenta con un capital social inicial de 3.000 euros, el mínimo para registrar una sociedad limitada. Salgado figura como socia y administradora única de la sociedad, aunque en ella le acompaña como apoderado José Ramón Varela, abogado de la exvicepresidenta del Gobierno, y Marco Bolognini. Varela reiteró a Vozpópuli que no hay ningún tipo de irregularidad en la constitución de la citada sociedad. 

El abogado dejó claro que la política socialista cuenta con las debidas autorizaciones para constituir Elsa and Partners, entre ellas un escrito del Ministerio de Administraciones Públicas. Varela añadió que “en tanto en cuanto la actividad de la sociedad no vulnere o contravenga la Ley de Incompatibilidades, no hay ningún problema en que Salgado o cualquier otro exministro constituya una o 7.000 sociedades porque, repito, la cuestión es saber a qué se dedica la empresa”.

Mantenimiento del sueldo

Entre otras cuestiones, la Ley de Incompatibilidad impediría que la nueva sociedad constituida por la anterior ministra de Economía contratara con las Administraciones Públicas, al menos por un periodo de dos años.

A cambio, la Ley establece que los ex ministros y ex secretarios de Estado perciban aproximadamente el 80% de su sueldo durante los dos años que dura el régimen de incompatibilidad.

Recientemente, la actual vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, justificó la medida por el hecho de que la normativa impide en general que los ex altos cargos del Ejecutivo desarrollen su actividad profesional en el sector en el que han prestado sus servicios durante los citados dos años.

“Sobre eso la jurisdicción laboral ha escrito mucho y hay muchas resoluciones y en ese sentido nosotros también estamos obligados a respetar esa norma”, aseguró Saénz de Santamaría en la rueda de prensa posterior al último consejo de ministros.