El Gobierno ha aprobado la dación en pago para ciertas hipotecas con una serie de condicionantes. Según ha asegurado la ministra de Presidencia, Soraya Sáenz de Santamaría, "como no podíamos por ley, hemos tenido que usar un código de buenas prácticas" para los bancos, a los que éstos se tendrán que adherir de forma voluntaria, aunque una vez que lo hagan será obligatorio. Es esta la manera que ha encontrado el Ejecutivo para poder aplicar la dación, que implica entregar la vivienda a la entidad financiera y salvar la deuda, no como ahora que se pierde la vivienda y se mantiene la deuda.

El decreto afectará a las familias con una única vivienda y que están amenazadas de desahucio, pero tendrán que tener a todos sus miembros en el paro, sin actividad, sin ingresos, y las cuotas hipotecarias superar el 60% de sus ingresos totales. Se excluirán "las viviendas de naturaleza suntuaria", lo que quiere decir que en las grandes ciudades el máximo será de 200.000 euros de valor de la vivienda y en los pueblos pequeños (menos de 100.000 habitantes) el máximo de valor de la vivienda será de 120.000. La vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, ha asegurado que esta propuesta "ha sido bien acogida y todos tenemos que hacer un esfuerzo importante".

Último recurso

Se agotarán todas las vías posibles para evitar llegar a la dación en pago. Las familias en riesgo de desahucio podrán ampliar hasta cuatro años el periodo de carencia en el pago del capital de la hipoteca o también ampliar el periodo hasta un máximo de 40 años, lo que aumenta el interés total a pagar pero disminuye las mensualidades.

Otra opción será abaratar el préstamo hasta aplicar un diferencial del 0,25% sobre el euribor a un año. Si a pesar de todo no se puede pagar, se puede ofrecer una quita de la deuda que quedaría en manos del banco. La entrega de la vivienda es la última opción.

En contra de la huelga

Sáenz de Santamaría comparecía en Moncloa pocos minutos después de que los sindicatos presentaran la huelga general. Al ser preguntada sobre ella, la vicepresidenta simplemente ha asegurado que "no es el momento" de realizar una huelga, pese a lo cual respeta el derecho de los que quieran convocarla y secundarla. Tampoco ha querido cifrar cuál sería el coste de un día de paro total en la actividad económica.