En la agenda de los dos sindicatos principales figura la convocatoria de 8.600 asambleas en toda España para explicar en los tres niveles de la administración pública y en las empresas privadas el alcance de la reforma laboral. La estrategia de Comisiones y de UGT para movilizar a los funcionarios, 2,6 millones repartidos entre los ministerios, las comunidades y los ayuntamientos, consiste en meterles el miedo en el cuerpo sobre el posible alcance de esta reforma. “Aquí no solo están en peligro los contratados laborales o los interinos, está en riesgo el puesto de trabajo de los propios funcionarios”, se afirmaba ayer dese la Ejecutiva de Comisiones, donde se valora la respuesta de la calle a las manifestaciones del domingo.
Este argumentario de las centrales, que busca la movilización de los empleados públicos, coincide con el que está distribuyendo el PSOE para agitar también la contestación social al Gobierno. “Un millón de empleados públicos, entre empresas, organismos y personal laboral de ayuntamientos, comunidades y administración central pueden verse afectados por la reforma”, reza la guía de propaganda socialista. En su argumentario se lee también: “El personal laboral de las administraciones públicas podrá ser despedido aunque lleve 15 años o 20 trabajando en las tres administraciones como contratado…”.
En la memoria remitida al Congreso de los Diputados que acompaña al decreto de la reforma laboral, el Gobierno reconoce que la nueva legislación “introduce la posibilidad de llevar a cabo despidos en las administraciones públicas para hacer frente a la situación de muchos entes de carácter regional o local que en el pasado periodo de fuerte crecimiento económico sobredimensionaron sus plantillas, poniendo en riesgo su sostenibilidad financiera”.
De hecho, los sindicatos opinan que gran parte de los 630.000 empleos que se pueden destruir este año, según reconoce el propio cuadro macroeconómico del Gobierno, responden en gran parte al ajuste pendiente en el sector público.
“Sabemos que va a ser una situación muy compleja de gestionar porque el descontento social va a ir en aumento. Después de la huelga general aumentará la conflictividad en las empresas. Nos espera un verano y un otoño muy calientes…”, se afirma en la dirección de Comisiones.
