Pese a las alegaciones que han presentado los grupos parlamentarios, las asociaciones  jurídicas y agrupaciones de ciudadanos, el Ejecutivo no incluirá definitivamente a la Casa Real entre las instituciones que deben detallar sus gastos en la Ley de Transparencia. Tras cerrar el periodo de consultas públicas sobre el anteproyecto de ley, el Gobierno asegura que no modificará el Artículo 2 que define su ámbito de aplicación.

La decisión llega después de que la Casa Real haya revelado que el viaje del Rey a Botsuana –en el que el Monarca se rompió la cadera—fue pagado por “fondos privados” y después de que dos grupos parlamentarios (Izquierda Unida y Esquerra Republicana de Catalunya) pidan explicaciones parlamentarias sobre los sistemas de financiación de la Corona.

El Ejecutivo ya ha comunicado a los grupos interesados que el Artículo 2 que contiene el listado de instituciones obligadas a publicar sus cuentas queda limitado a la redacción original.

Artículo 2. Ámbito de aplicación.

1.- Las disposiciones de este título se aplicarán a:

• La Administración General del Estado, las Administraciones de las Comunidades Autónomas y las Entidades que integran la Administración local.
• Los organismos autónomos, entidades públicas empresariales y las entidades de Derecho Público que, con independencia funcional o con una especial autonomía reconocida por la Ley, tengan atribuidas funciones de regulación o control de carácter externo sobre un determinado sector o actividad.
• Las entidades de Derecho Público con personalidad jurídica propia, vinculadas o dependientes de cualquiera de las Administraciones públicas, incluidas las Universidades Públicas.
• El Congreso de los Diputados, el Senado, el Tribunal Constitucional y el Consejo General del Poder Judicial, así como el Consejo de Estado, el Defensor del Pueblo, el Tribunal de Cuentas, el Consejo Económico y Social y las instituciones autonómicas análogas, en relación con sus actividades sujetas a Derecho administrativo.
• Las sociedades mercantiles en cuyo capital social la participación, directa o indirecta, de las entidades previstas en este artículo sea superior al 50 por 100.
• Las fundaciones del sector público previstas en la legislación en materia de fundaciones.
• Las asociaciones constituidas por las Administraciones, organismos y entidades previstos en este artículo.

2.- Las personas físicas y jurídicas que presten servicios públicos o ejerzan potestades administrativas estarán obligadas a suministrar a la Administración a la que se encuentren vinculadas toda la información necesaria para el cumplimiento por aquella de las obligaciones previstas en esta Ley.

De acuerdo con esa redacción, la Corona queda excluida de las obligaciones de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno que regirán para el resto de instituciones del Estado.

Las asociaciones protestan, la oposición calla

Distintas agrupaciones ciudadanas protestaron ayer ante la decisión del Gobierno. “Lo más triste es que no hay argumentación”, asegura Victoria Anderica, responsable de campañas de Access Info Europe, una organización de derechos humanos dedicada a promover y proteger el derecho de acceso a la información en Europa. “No tiene ningún sentido que no se tenga acceso a las dotaciones presupuestarias y a cómo se toman las decisiones en una institución pública”.

El viaje del Rey a Botsuana "no es sólo un problema de transparencia, sino también de conflicto de intereses"

En el caso del viaje a Botsuana, la organización denuncia que “no es sólo un problema de transparencia, sino también de conflicto de intereses” ya que el representante de todos los españoles recibe regalos e invitaciones que representan a lobbys muy particulares, denuncian.

La exclusión de la Corona de las obligaciones de transparencia por parte del Gobierno no ha provocado ninguna protesta por parte de la oposición. El Partido Socialista ha guardado silencio desde que se hizo el primer anuncio hasta hoy.