Desde Moncloa llegó la semana pasada una instrucción muy clara: portazo a todas las preguntas que tuvieran relación con el viaje de Su Majestad el Rey a Botsuana y la caída que produjo su rotura de cadera. Y es que nada más tener noticia del accidente del Monarca y su posterior operación Izquierda Unida y ERC presentaron una batería de preguntas que la mesa del Congreso de los Diputados tendrá que calificar mañana y rechazar con los votos en contra de los representantes del PP y también del PSOE, partido que, al margen de declaraciones como las de Tomás Gómez, ha hecho piña en torno a la Casa Real.
Moncloa ha estado volcada en este asunto desde que estalló la polémica, preocupada porque ser abra un debate que una a la crisis económica la deslegitimación de las instituciones, con una imagen de nuestra monarquía que ya no pasaba por el mejor de los momentos a raíz del caso Nóos, que toca de pleno la yerno del Rey, Iñaki Urdangarín, y se acerca de manera peligrosa a la Infanta Cristina.
Desde el Gobierno y el PP intentan no abrir ninguna puerta "que luego no sepamos cómo cerrar", por eso quieren dar carpetazo a cualquier tipo de pregunta sobre todo lo sucedido con el argumento de que "el Rey ya ha pedido disculpas". Sin embargo, admiten que de todos los interrogantes que plantea el bloque de izquierdas de la Cámara además de UPyD es difícil dejar de responder aquellas cuestiones referidas al grado de conocimiento que tenía el Gobierno del viaje y de lo que rodeaba al mismo, esto es, hasta que punto el Ejecutivo estaba informado de la salida al extranjero, del destino, de la duración y de la actividad que iba a desarrollar allí, esto es, caza mayor.
De hecho, Izquierda unida ha presentado una proposición no de Ley por la que pretende regular la obligación del jefe de Estado de comunicar oficialmente al Gobierno, con antelación suficiente, cualquier viaje del Rey fuera del territorio nacional, tras denunciar el vacío legal existente en cuanto a la falta de regulación de los viajes de los jefes de Estado, sean estos oficiales o privados.
La izquierda de la Cámara quiere saber hasta cuántos animales se abatieron en la cacería de Botsuana
Pero las dudas de estos grupos van mucho mas allá. Interrogan, por ejemplo, sobre la opinión que al Gobierno le mereció el viaje, cuál es la imagen de España que se quiere transmitir, quien lo pagó, cuánto ha costado la operación y la repatriacion del Rey, quién le acompañaba, si en algún momento alguien desaconsejó ese viaje, si se pagaron dietas a los escoltas, si el rey ha favorecido los negocios de los patrocinadores de la cacería y hasta cuántos animales se cazaron en aquellas jornadas, que ya es preguntar. El argumento principal de la Cámara será que no es objeto de fiscalización por parte del Parlamento ni la actividad del Rey ni, mucho menos, sus cuentas, que escapan a la capacidad de control del congreso una vez que el artículo 65 de la Constitución permite la Rey distribuir discrecionalmente la cantidad global que recibe la Casa Real de los Presupuestos Generales del Estado.
Fuentes populares no dejan de criticar que sea ahora, y no antes, cuando se suscita una agria polémica en torno a cuestiones que no son nuevas, temiendo que tras ello también exista una voluntad de desgastar al Ejecutivo de Mariano Rajoy. Y es que en un momento en que se están pidiendo sacrificios, en que se suben las tasas universitarias o se reclama a los pensionistas que costeen parte de sus medicamentos, el asumido "error" real no viene a echar una mano a ese discurso presidencial. En todo caso, las luces de alarma ya llevan mucho tiempo encendidas desde que estalló el "caso Urdangarín". En el barómetro del CIS del pasado mes de octubre los ciudadanos suspendían por vez primera a la Corona, que se quedó en un exiguo 4,89. en 1997 era la institución más respetada con una evaluación del 6,67.
