El gobierno valenciano está aplicando un plan de ajustes de gasto y de plantilla. Pero no es el suyo. Se lo están dictando dos consultoras a las que ha decidido encargar la política de recortes. El govern encomendó el pasado mes de febrero a la consultora PriceWaterhouseCoopers un plan de ajuste de plantillas en RTVV por el que PWC se ha embolsado 150.000 euros, según han confirmado a Vozpópuli fuentes de la compañía. También ha licitado y adjudicado el diseño de expedientes de regulación de empleo a la consultora Deloitte que se ha embolsado más de medio millón de euros en adjudicaciones destinadas a “reorganizar el sector público” de la Comunitat. El último contrato que ha recibido le encarga no sólo el dictamen sino también el seguimiento de lo que define como “Racionalización y reestructuración del Sector Público Empresarial”.

Los dictámenes políticos de ambas empresas han tenido una conclusión común: apuestan por recortes de plantilla significativos en las empresas públicas. Esos informes que han sido leídos a Vozpópuli recomiendan evitar nuevas contrataciones y platean que, si son necesarias “nuevas incorporaciones se hagan bajo el régimen laboral”, es decir, al margen del régimen estatutario de los funcionarios y empleados públicos.

Propuestas de despido vía consultoría

La Generalitat ha dejado en manos de la consultora Deloitte los dos grandes ajustes que ha acometido ya.

El primero, fue licitado el pasado mes de febrero. Pese a que la adjudicación ofrecía un contrato por valor de 424.800 euros fue finalmente adjudicado el pasado 14 de marzo a la consultora por una cantidad total de 254.800 euros. Deloitte se ha encargado ya de diseñar la política de despidos que ha anunciado el govern que anunció que rescindirá el contrato al 40% de los empleados públicos.  

A partir de ahora, la consultora deberá encargarse también –según define su contrato—“del seguimiento inicial de su implementación”.

El segundo contrato, afectó al Insituto Valenciano de la Vivienda en el que se aprobó un ERE para su plantilla a cambio de una factura de también rondaba los 200.000 euros a cargo de la compañía. 

En ambos casos se utilizó un procedimiento de licitación por urgencia. La Generalitat asegura que este “es un procedimiento ordinario” pero las cuentas del gobierno valenciano demuestran que de los 1.137 contratos firmados el pasado año, sólo 5 siguieron ese procedimiento por un valor total de un millón de euros. En el primer trimestre, el Ejecutivo valenciano ha  gastado ya más de medio millón de euros por esa vía y ha recurrido a esta vía para diseñar su estrategia de recortes.

Sanidad y Televisión pendientes de otros ajustes

La Generalitat Valenciana ha encargado –además—otros informes sobre los ajustes pendientes.

El que afecta a la Radio Televisión Valenciana (RTVV) ha sido adjudicado a PriceWaterhouseCoopers por un valor de 150.000 euros. La misma firma ha recibido la adjudicación del análisis del sector sanitario y farmacéutico. PWC ya ha publicado que la Generalitat Valenciana es la administración pública que más retrasos acumula en los pagos de medicamentos y productos sanitarios de todo el país y ha propuesto el incremento de las iniciativas público-privadas.