Societat Civil Catalana llevará al Institut Català de Finances (ICF) ante la justicia ordinaria si el Tribunal de Cuentas admite su aval para cubrir las fianzas de 5,4 millones de euros que exige a los 34 encausados por el gasto exterior de los años del procés. Según ha podido saber Vozpópuli de fuentes de la entidad constitucionalista, quien ejerce de demandante ante el órgano fiscalizador, estudian presentar un recurso contencioso o directamente abrir la vía penal contra esta suerte de 'ICO catalán'.
"Vamos a impugnar el aval. Para nosotros existe el riesgo de que la Generalitat incurra en una malversación sobre la malversación", abundan desde la acción popular. La estrategia no pasa por cuestionar la decisión de la delegada instructora del Tribunal de Cuentas en caso que admita dicho aval del ICF, sino por que sean los tribunales quienes resuelvan sobre la legalidad del mismo.
La admisión o no del aval se conocerá el próximo lunes, ya que el ente contable ha dado dos días hábiles más de plazo a los 34 encausados para entregar la fianza antes de iniciar el embargo de sus bienes. Según ha informado el propio Tribunal en un comunicado, un total 29 de los 34 dirigentes independentistas implicados en este proceso presentaron este jueves un "anuncio" de que se acogerán al aval del Instituto Catalán de Finanzas. Pero el aval en sí mismo no se ha presentado.
Por el momento, la delegada instructora ha visto también la documentación recibida de los cuatro investigados que presentaron avales e inmuebles desvinculados del fondo de la Generalitat. Dos de ellos habían depositado fianzas y otros dos habían presentado bienes inmuebles como garantía. Respecto al hecho de la posible admisión del aval del Fondo Complementario de Riesgos, las fuentes del Tribunal de Cuentas se han limitado a afirmar que "se dirimirá cuando proceda".
Recurrir el contraval
En caso de que sea un banco extranjero quien finalmente decida avalar a los implicados en este proceso contable, la acusación estudia recurrir por la vía contenciosa el contraval de la Generalitat. La estrategia contable y judicial es evitar que el dinero público de la institución catalana se use para estos fines.
La posibilidad de que un banco extranjero decida cubrir los avales es poco viable, pero tanto el conseller de Economía, Jaume Giró, como el secretario general de Junts per Catalunya, Jordi Sánchez, afirmaron que hay conversaciones con entidades financieras que están fuera del control del Estado. Ambos dirigentes dejaron entender que los bancos ubicados en territorio nacional, como la Caixa d'Enginyers con quien mantuvieron conversaciones, han tenido "miedo" de implicarse por las represalias que puedan sufrir del resto de instituciones del Estado.
En este sentido, esperan que si el Consejo de Garantías Estatutarias no ve ilegalidad en el decreto de creación del fondo, alguna entidad vea con buenos ojos colaborar con los encausados y la Generalitat. Cabe recordar que PSC, Cs y PP pidieron un dictamen ante el Consejo de Garantías Estatutarias para que estudiara la viabilidad de dicho fondo. Hasta que no llegue el dictamen de respuesta, que en ningún caso es vinculante, el decreto no se puede convalidar en el Parlament. ERC y Junts ya dejaron claro que aspiran contar con el respaldo de la mayoría de la Cámara, y que sea convalidado por una "mayoría amplia" y por eso negocian con En Comú Podem para que lo apoye e instan al PSC a no oponerse.
Fuentes de la acusación en el Tribunal de Cuentas, sin embargo, ven muy difícil que la más alta institución jurídico consultiva de la Generalitat pueda considerar legal el nuevo fondo ideado por el Govern.
Judicialización
Como informó este medio, desde Convivència Cívica Catalana fueron los primeros en presentar una denuncia contra el Govern el mismo día que anunciaron el fondo complementario de riesgos. No obstante, la acción popular en la causa consideró que era apresurado ya que todavía no se había publicado en el Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya y no conocían el contenido del decreto.
Ahora están a la espera de la decisión que tome la delegada instructora antes de llevar al ICF o la Generalitat ante los tribunales. Si finalmente no se admite el aval, no habrá acciones en este sentido. En caso contrario, serán los tribunales quieren deberán pronunciarse ante una presunta nueva malversación de la Generalitat.
