El anterior alcalde de Barcelona, Xavier Trias (CiU), había accedido a destinar más de 65.000 euros al año al pago del alquiler de un local que está gestionado por varios colectivos de okupas. Con la llegada del nuevo equipo municipal, liderado por la alcaldesa Ada Colau, ese alquiler se ha mantenido y los concejales de la formación de la izquierda radical Barcelona en Comú no están dispuestos a modificar el pago de dicho alquiler. "Por el momento no consideramos como prioritario revisar dicho contrato puesto que el local está destinado a usos varios por parte de sus ocupantes y no hay denuncias contra estos usos", afirman a Vozpópuli fuentes municipales.
Sin embargo, para los partidos de la oposición en el Ayuntamiento de Barcelona, esta ayuda pública destinada al pago del alquiler de un local para el colectivo okupa debería revisarse. Alberto Fernández, presidente del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Barcelona, explica a Vozpópuli que el PP es partidario de rescindir el contrato que paga el alquiler del ‘Banco Expropiado’, un local okupado que el anterior gobierno municipal de Xavier Trias dejó pagado durante todo el 2015 para evitar un desalojo.
Asimismo, el dirigente Popular ha pedido explicaciones al gobierno municipal de Ada Colau para conocer el posicionamiento del consistorio respecto a este tema y si tiene previsto la rescisión inmediata del contrato de alquiler a estos okupas. Por el momento, el Grupo Popular no ha obtenido respuesta por parte del equipo municipal de Ada Colau.
Por el alquiler se podrían pagar 300 alquileres sociales
Alberto Fernández considera “vergonzoso que el Ayuntamiento pague el alquiler a los okupas, cuando los 65.000 euros anuales pagados para sufragar el alquiler del denominado local del ‘Banco Expropiado’ se podían haber destinado a 300 alquileres sociales para ayudar a personas en situación de pobreza que no pueden pagar el alquiler de una vivienda”.
El Grupo Popular ha presentado en el Ayuntamiento de Barcelona una serie de preguntas por escrito para conocer, la cobertura legal que ampara el contrato de alquiler de este local y los detalles del importe que se ha hecho efectivo desde el distrito de Gràcia (desde el 1 de enero de 2015) como alquiler del local okupado ‘Banco Expropiado’.
Colau se apresura en aplazar desahucios
Por otra parte, el Ayuntamiento de Barcelona sigue ayudando a las familias alojadas en un bloque que la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) ocupó meses atrás en el distrito de la Bordeta, situado en el número 3 de la calle de Hostafrancs. El consistorio se ha movilizado para aplazar el desalojo del edificio, en el que viven siete familias, dos de ellas con niños. Desde el Ayuntamiento barcelonés se ha reclamado dos meses de prórroga al juez, el titular del juzgado de instrucción número 17 de Barcelona, para estudiar en ese periodo la situación de las familias y las posibilidades de realojo. Pero existe un obstáculo: el juez no es partidario de paralizar el desahucio.
Fuentes municipales han explicado a este diario que el consistorio ha presentado un recurso contra la decisión del juez, quien en conversación con los servicios jurídicos municipales les ha dicho que el protocolo no es ley y que no está obligado a respetarlo. El compromiso del actual equipo de gobierno de Barcelona es engordar el parque de pisos para realojar a familias que lo necesiten.
La alcaldesa, Ada Colau, se marcó antes de las elecciones el objetivo de conseguir para el consistorio 8.000 viviendas, entre nuevas y usadas, con el fin de destinarlas a alquiler social. El coste que calculó para ello es de 520 millones de euros del 2015 al 2019. La alcaldesa Ada Colau tiene previsto reunirse la semana que viene con la cúpula de la Sareb, de la que espera que sea la gran proveedora de esas viviendas necesarias para alquilar a precios asequibles, aunque sin especificar la cuantía de estos precios más bajos.
