La aparición hace ahora un año de las nuevas agendas de José Manuel Villarejo ha sacudido la primera sesión de juicio por tres de sus encargos. La petición de la Fiscalía Anticorrupción de que se adhieran las conclusiones policiales sobre estas nuevas fuentes de prueba ha provocado un auténtico choque entre el Ministerio Público y los acusados en este juicio del caso Tándem, con el comisario jubilado a la cabeza, que ha solicitado sin éxito que se suspenda la vista oral.
Las pruebas en cuestión que ha pedido adherir el Ministerio Fiscal a este juicio por tres trabajos concretos de espionaje del Grupo Cenyt viene a recopilar las anotaciones personales que el propio espía efectuó sobre estos proyectos bautizados como Iron, Land y Pintor. Los fiscales Anticorrupción consideran que las conclusiones policiales "concuerdan con el original de las agendas", motivo por el cual solo han pedido la adhesión de estos oficios y no de los manuscritos originales.
De este modo, el tribunal que preside la magistrada Ángela Murillo ha dado luz verde a incorporar el documento relativo a estos cuadernos personales que se localizaron tras la detención de la mujer de Villarejo, Gemma Alcalá, en octubre del año pasado. Frente a esta decisión se ha posicionado un gran número de acusados que sostienen que esto les va a causar una "indefensión manifiesta" porque no han tenido acceso íntegro a estas fuentes de prueba.
La defensa del comisario ha denunciado que se está produciendo una especie de "lobotomía en el juzgado" ya que, hasta la fecha, no se les ha permitido acceder ni a los anexos de dichos oficios policiales ni al contenido de estos 13 cuadernos. Por ese motivo ha pedido la suspensión de este primer juicio de la macrocausa de espionaje y que se les diera traslado de este material que puede ser determinante en el devenir del juicio.
En concreto lo que buscan es acceder a toda la documental analizada por la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional y a la que no han tenido acceso durante el tiempo que se han investigado estos trabajos. "Solicitamos el amparo de la Sala. Esta parte tiene derecho al acceso completo de los informes policiales", ha dicho. A su protesta se han adherido la defensa del exjefe de la UCAO Enrique García Castaño y del inspector Constancio Riaño, además de la defensa de Yolanda García-Cereceda.
Cambio de fechas
El tribunal ha declinado esta solicitud y les ha recordado que, aunque no se haya dado traslado a las partes de las famosas agendas, sí que pueden ir a consultaras a la sede de la Audiencia Nacional. No obstante, ha modificado el calendario del juicio eliminando los señalamientos de octubre. Murillo ha anunciado que habrá juicio este jueves y se continuará el próximo 15 de noviembre, dando de este modo margen de tiempo a los acusados para que puedan consultar 'in situ' los cuadernos de Villarejo.
Con todo, el tribunal no solo ha denegado peticiones de los acusados. A la Fiscalía Anticorrupción tampoco le ha permitido adherir otros documentos y testificales que están al margen de las piezas 2,3 y 6 que ahora se juzgan. La Fiscalía pretendía contar con un testimonio clave en su acusación de la Unidad Central de Seguridad Privada de la Policía Nacional. El mismo vendría a certificar que "ninguna de las mercantiles del Grupo Cenyt estaba autorizada para prestar servicios de detectives privados".
Las pruebas contra Cenyt
"Se trata de acreditar como el Grupo Cenyt carece de cualquier infraestructura material y habilitación jurídica para prestar sus servicios a los clientes privados. Se enriquece con ellos porque cuenta con funcionarios públicos de la Policía", ha explicado Miguel Serrano, fiscal Anticorrupción que dirige la causa desde su arranque en noviembre de 2017. Sin embargo, y tras darse un breve margen de tiempo para pensarlo, el tribunal ha declinado la petición explicando que se trata de fuentes que no obran en estas piezas concretas y que, por lo tanto, causan indefensión a los acusados ya que no las han podido estudiar antes del juicio.
La defensa de José Manuel Villarejo, por su parte, ha insistido en que el juicio tenía que suspenderse. Así, tras referirse a la adhesión de los nuevos informes policiales, ha recordado que en el banquillo faltaba uno de los 27 acusados. Se trata de Juan Manuel León Leiva, uno de los espías contratados por el comisario para el encargo de Pintor y para quien la Fiscalía pide 11 años de prisión. Las reivindicaciones han llevado a la presidenta del tribunal a abroncar al propio comisario, a quien le ha pedido que hiciera "el favor de estar tranquilo".
Del mismo modo han recordado que, entre la documentación que no han podido estudiar, se encuentran las conformidades alcanzadas en las piezas número 3 (relativa al encargo de Susana García-Cereceda para espiar a una parte de su familia en plena pugna por la herencia ) y pieza 6 sobre el proyecto que acometió para los hermanos Muñoz Támara. Los contratantes de estos encargos llegan al juicio tras admitir los hechos y con un acuerdo de conformidad con la Fiscalía Anticorrupción que les permitirá evitar la cárcel.
