La defensa de la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, expresa su "queja" y "honda preocupación" tras las informaciones periodísticas donde se asegura que la Fiscalía Anticorrupción pedirá su "procesamiento" en 2020 por la financiación irregular del PP madrileño entre 2004 y 2013 y en las que se afirma que estaría "sondeando" a exalcaldes del PP imputados en el caso para incriminarla. Así se lo ha trasladado en un escrito presentado ante el juez que instruye el caso Púnica, Manuel García Castellón.
Según denuncia la representación de la exdirigente popular que ejerce el abogado Carlos Aguilar, "de ser ciertas" esas informaciones, representarían "un verdadero intento de desnaturalizar el proceso", "laminar los derechos" de Aguirre, e incluso "intentar un verdadero fraude procesal". En este sentido, la defensa lamenta que "no ha existido ningún desmentido o nota de prensa por parte de la Fiscalía Anticorrupción negando, ni tan siquiera corrigiendo, las noticias publicadas" en los artículos que adjunta en el escrito.
El primero de los dos artículos, publicado por la Cadena Ser el pasado 18 de diciembre, contiene -según denuncia la defensa- "aseveraciones propias de la Fiscalía Anticorrupción", que interpreta como "un intento de generar un estado de opinión pública" para presuntamente influir en el procedimiento y en el propio juez instructor de una causa que debería cerrarse en junio.
La defensa de la expresidenta señala que "ante la ausencia de indicios de criminalidad" que permitan al Ministerio Público sustentar la imputación de Aguirre, "intenta paliar la ausencia probatoria recurriendo a criterios alternativos de inferencia y puras especulaciones que, desde luego, no cumplen con las exigencias y garantías constitucionales de un justiciable".
En este sentido, la representación legal de la exdirigente popular insiste en echar por tierra los tres ejes en los que se sustenta el informe aportado por la Fiscalía el pasado mes de agosto. Así, incide en que los argumentos de las fiscales de la causa Teresa Gálvez y Carmen García-Cerdá "se han demostrado inveraces, irreales y carentes del más mínimo rigor".
Según fuentes citadas por la emisora de Prisa, Aguirre "aprobó la normativa que dejó en manos de Ignacio González y Francisco Granados la gestión de la publicidad institucional y que, gran parte de la misma, sirvió para financiar" sus campañas electorales. También sostiene esa información que Aguirre estuvo en la reunión con el empresario Horacio Mercado donde se acordó un 1% para desviar al partido. Aunque la Ser señalaba que aún faltaba la "pistola humeante", es decir, la prueba directa que asegurase "una condena en un posible juicio".
Respecto al segundo artículo, publicado este mismo jueves en Libertad Digital, la defensa de la expresidenta madrileña denuncia que de ser cierta la información sobre la presunta estrategia del Ministerio Público de alcanzar pactos contra exregidores del PP para tratar de incriminarla, "representaría un verdadero fraude procesa (...) pues supondría la retribución de un testimonio con la específica condición de que este fuera de contenido incriminatorio" contra Aguirre. Además, remata su defensa, la exdirigente popular "es ajena a cualquier delito".
