La expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre aparcó su coche el 3 de marzo de 2014 en el carril bus de la Gran Vía para sacar dinero de un cajero próximo. Dos agentes de movilidad de la Policía Municipal la intentaron multar, pero Aguirre arrancó su vehículo, golpeó la moto de uno de los agentes y huyó hacia su casa.
Los agentes denunciaron los hechos y se abrió una causa en un juzgado de Plaza de Castilla. El juez rechazó investigar por un delito penal a la expresidenta, pero la Audiencia Provincial lo corrigió tras un recurso presentado por la asociación Transparencia y Justicia, que ejercía la acusación popular. Ese recurso obligó a investigar a Aguirre por desobediencia. La expresidenta, que había dejado su cargo dos años antes, aspiraba entonces a la alcaldía de Madrid, pero su partido aún no la había designado candidata y ella cargaba con el peso de la sospecha por su imputación tras el incidente de tráfico en Gran Vía.
Aguirre se reunió el 11 de septiembre de 2014 con el dueño de la asociación Transparencia y Justicia, el comisario José Manuel Villarejo, gracias a la mediación de José Luis González Armengol, que había sido juez decano de Plaza de Castilla hasta junio. Aquella reunión, grabada por el policía, forma parte del material incautado a Villarejo en el curso de la operación Tándem. Aguirre le pidió al comisario que dejase morir el caso sin reclamar diligencias nuevas para de esa manera evitar el riesgo de acabar en el banquillo y Villarejo accedió, según la conversación que publica El País.
