Una llamada personal de Miguel Roca Junyent a su amigo Alberto Alcocer inclinó la balanza a su favor. Todos los grandes bufetes españoles, naturalmente todos los penalistas, se habían movilizado en busca de la misma ganga: ser elegidos como abogados defensores de la infanta Cristina, imputada junto a su marido, Iñaki Urdangarin, en el caso del mismo nombre. Y no hay política que valga de por medio. Se trata de lograr con la defensa de la infanta la mejor campaña de imagen que imaginar se pueda para cualquier despacho de abogados.
Pero la idea no surgió de Roca, convertido desde hace muchos años, al margen de su condición inicial de abogado, en el perfecto lobbysta casi siempre por cuenta y razón de CiU, el partido de los nacionalistas catalanes, sino de un pequeño despacho de penalistas de gran prestigio que suele encargarse de los asuntos “gordos” de penal que caen en el bufete Roca Junyent (algo así como con 240 profesionales entre abogados, economistas y consultores): hablamos del bufete Molins & Silva, y en concreto en uno de los socios fundadores del mismo, el abogado penalista Pau Molins.
Es Molins, en efecto, el que en pleno vuelo de teléfonos, juego de influencias tratando de pescar el “contrato del siglo” para cualquier penalista, se le ocurre pensar “Y ¿por qué no nosotros?”. Y con esta pregunta se va a hablar con Roca, nosotros podríamos hacerlo perfectamente, viene a explicarle, tú dando la cara y poniendo tu imagen, y nosotros haciendo el trabajo desde el punto de vista penal, porque eso nadie mejor que Jesús Silva (Jesús-María Silva Sánchez, catedrático de Derecho Penal de la Universidad Pompeu Fabra desde 1991, definido por las fuentes barcelonesas como “un cerebro” del Derecho Penal) para llevarlo a cabo con total garantía. “No tienes más que llamar, Miguel, y mover tus influencias donde tú sabes”.
Evitar a la infanta el 'paseíllo' de los juzgados de Palma
Y Miguel Roca llama a su viejo amigo Alberto Alcocer, con quien entre otras muchas cosas comparte asiento en el consejo de administración de la constructora ACS que preside su también amigo Florentino Pérez, y le dice que quiere ese contrato, y que por favor llame al Rey para hacerle la oferta. Y Alcocer no tarda ni cinco minutos en descolgar el teléfono y hablar con su íntimo amigo, compañero de dinero y francachela, entre otras muchas cosas, el rey de España, que casi de inmediato acepta la idea y aprueba la operación.
“No hay ninguna motivación política en esta elección”, aseguran las fuentes, “Y mucho menos que tenga que ver con la adscripción nacionalista, rozando ahora con el independentismo descarado, de Miguel Roca. Se trata de un contrato que estaba persiguiendo todo bufete mínimamente importante en Madrid y Barcelona”. Una idea colateral es lograr que, a través de Roca y sus influencias, la infanta logre ser llamada a declarar en Barcelona, en caso de que el juez Castro no se achante, en lugar de Palma de Mallorca, evitándole así a la hija del Monarca el doloroso viacrucis de esa rampa hacia el infinito que, en los Juzgados de Palma, Iñaki Urdangarin se ha visto obligado a recorrer ya en más de una ocasión.
