La diputada Rosa Díez ha asomado en el Congreso el debate sobre la eliminación del aforamiento que permite a diputados y senadores, junto al resto de cargos públicos, ser juzgados en el Tribunal Supremo, fuera de los órganos judiciales que operan para el resto de los ciudadanos. En total, son más de 10.000 altos cargos los protegidos y entre ellos se incluye no solo a los parlamentarios nacionales y regionales, sino también a los 7.000 jueces, magistrados y fiscales en activo.
De los 10.000 aforados que hay en España, 7.000 son jueces, magistrados y fiscales en activo y el resto, la mayoría, son parlamentarios nacionales y autonómicos
Rosa Díez, que lleva 27 años como aforada debido a su paso por el Parlamento nacional, el Gobierno vasco y la Cámara de Estrasburgo, no ve preciso cambiar la Constitución para eliminar “este privilegio” y en este criterio choca con el del ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, quien no tiene intención alguna de introducir esta iniciativa en la ley orgánica del Consejo del Poder Judicial que entrará en el Congreso en octubre. Descartada cualquier posibilidad de reformar la Constitución y los 17 estatutos autonómicos, el titular de Justicia solo ve resquicio para eliminar el aforamiento de los 30 miembros del Consejo de Estado, los 12 del Constitucional, otros tantos del Tribunal de Cuentas, además del Defensor del Pueblo y sus dos adjuntos. Según Justicia, solo esto es lo que está en manos de las Cortes generales.
Pese a esta disposición, tampoco es probable que Justicia de este paso, a pesar de que el derecho comparado deja en mal lugar a España. Frente a los 10.000 aforados que, en caso de incurrir en algún delito, no serían juzgados por los tribunales ordinarios en nuestro país, en Portugal este beneficio solo opera para el presidente de la República, en Francia para diez altos cargos y en Italia o Alemania para ninguno.
En Portugal solo está aforado el presidente de la República, en Francia solo diez altos cargos y en países como Alemania no hay ningún parlamentario que goce de este privilegio
La semana próxima, cuando la diputada Rosa Díez presente su moción en el Congreso, tendrán que retratarse todos los grupos parlamentarios. ¿Es realmente un privilegio que los diputados y senadores sean juzgados, llegado el caso, por la sala segunda del Supremo? ¿No sería más lógico que fueran a los juzgados de instrucción, como pasa con los ciudadanos corrientes? A todo ello tendrán que responder el PP, el PSOE y los partidos minoritarios, en un contexto político donde un alto porcentaje de las noticias de actualidad tienen que ver con casos de corrupción y en el que hay, según datos del Consejo del Poder Judicial, más de 1.661 procedimientos tramitándose en los diferentes tribunales directamente relacionados con la corrupción política, que entran de lleno en la prevaricación, el cohecho, la malversación de caudales públicos, el tráfico de influencias, las estafas o las apropiaciones indebidas.
El exministro de Fomento José Blanco no quiere abandonar el escaño del Congreso para que el 'caso Campeón' se mantenga en el Supremo y no regrese a la Audiencia de Lugo
En la actualidad, el Congreso tiene pendiente conceder suplicatorio al que fuera ‘número dos’ del PSOE, el exministro José Blanco, implicado en el llamado ‘caso Campeón’. Blanco ha condicionado su abandono del escaño a la apertura de juicio oral, precisamente porque quiere que el proceso siga en manos del Tribunal Supremo y no regrese a la Audiencia de Lugo, donde sería juzgado por un presunto delito de tráfico de influencias si no estuviera aforado por su condición de diputado. En una situación parecida a la del extitular socialista de Fomento se encuentran varias decenas de parlamentarios autonómicos de casi todo el abanico político.
