"El Código Penal da una respuesta adecuada al intento de romper la independencia del poder legislativo. Estas medidas de acoso se están convirtiendo en una presión para que un diputado elegido por los ciudadanos, que ni siquiera tiene mandato imperativo de su propio partido, vote en un sentido concreto. Se está intentando condicionar el voto, y eso tiene que tener una respuesta en la ley", explicaba Alberto Ruiz- Gallardón en una entrevista radiofónica recogida por Vozpópuli.
El ministro de Justicia defendía el argumento Popular de que no se puede impedir que una minoría condicione la voz de la mayoría para que no se convierta en papel mojado la voluntad expresada en las urnas. "Yo ante la argumentación de la PAH digo que por muy legítima que sea la causa nunca se puede utilizar la acción de la violencia contra un parlamentario en un sistema democrático. ¿Sería legítimo si este mecanismo se aplicase para cualquier pretensión legislativa?", preguntaba.
Gallardón explica que a los dramas actuales se les aplicará la legislación vigente, y que se está trabajando para esa generación de futuros adquirientes de vivienda
Gallardón era preguntado por la reforma de la Ley Concursal que su partido llevaba en el programa electoral, sobre la que el ministro decía que no era la solución, aunque admitía estar trabajando para la reforma. En su opinión, la consecuencia de la dación en pago sería que los bancos no concederían más hipotecas, y que los ciudadanos podrían liquidar los bienes pero perderían la vivienda. "Tenemos que buscar un sistema de equilibrio, que las tasaciones se hagan conforme a una realidad para que siga habiendo créditos hipotecarios. Lo que hagamos ahora puede condenar a toda una generación a que no pueda adquirir viviendas en propiedad. Lo que tienen el drama actualmente se rigen por la legislación vigente, pero estamos hablando de los futuros adquirientes de vivienda", declaraba.
El argumento defendido por el ministro se basa en que la mayoría de créditos hipotecarios se están pagando y son una minoría los que no, explicando además que no existen más desahucios que cuando gobernaba el PSOE. "¿Qué hizo el Gobierno anterior? ¿Quién ha creado un banco público de viviendas? ¿Quién ha intentado que las cláusulas abusivas no se apliquen?", exhortaba Gallardón.
"La Corona es sin duda una aportación trascendente para la historia de España y un elemento de cohesión hacia el mañana, es merecedora de gratitud", defendía el ministro
La monarquía, 'principal activo de la democracia'
El ministro de Justicia volvía a hacer un alegato en favor de la Corona y del propio monarca no solo como valor actual sino también como una apuesta por el futuro de España. "Creo que todo lo que ha pasado en este año lo que demuestra es que vivimos en una democracia , en un Estado de Derecho y que no hay ningún espacio que esté ajeno al debate político o a la acción de los poderes del Estado, lo que nos ayuda a confiar en nuestras instituciones. Pienso que la Corona, su titular, es sin duda una aportación trascendente para la historia de España y un elemento de cohesión hacia el mañana, cohesión entre lo que fuimos y lo que queremos ser. Los españoles tenemos que ser conscientes de que la Corona es merecedora de gratitud, y ha demostrado flexibilidad para adaptarse a los tiempos. Lo que estamos viendo demuestra que a veces se anticipa a los estados de opinión, identifican cuál es la necesidad de adaptación y se está produciendo de modo natural", respondía sobre si era necesario reformar la estructura de la Casa.
Sobre la transparencia radical en fondos públicos y patrimonio de la Casa Real que solicita el PSOE, Gallardón defendía que todos los que están en política deben tener un criterio de transparencia porque los ciudadanos tienen derecho a saber, pero que también hay que tener criterio racional y respeto por aquello que sin tener nada que ver con lo público pueda meterse en el ámbito de la vida privada.
"Bárcenas está fuera del PP"
Alberto Ruiz-Gallardón se mostró firme en sus respuestas sobre Luis Bárcenas, dejando el peso del asunto en manos de jueces y tribunales. Conoce al extesorero, no le vio nunca como político ni pensó que tendría esta notoriedad, no ha recibido ningún sobresueldo ni le consta que ningún compañero le comentara nada al respecto. Y confía en las palabras de Cospedal cuando dijo que Bárcenas fue despedido hace dos años. Ahora bien, si los papeles de éste son ciertos "le corresponde a la Audiencia Nacional decidirlo".
"Bárcenas está fuera del PP, nos ha demandado y en estos momentos es un antagonista jurídico que ya está demandado por la sociedad", dice Gallardón
"No basta con tener una vocación política para dedicarte a esto, tienes que tener los principios éticos que respalden esta actuación. Siempre hay personas capaces de vulnerar las normas y romper los códigos éticos, pero lo importante es tener unos criterios muy restrictivos. El presidente del Gobierno ha llamado a las cosas por su nombre en boca de la máxima representante, que ha dicho que nos sentimos avergonzados. El caso merece un juicio político, todos queremos que la justicia actúe y que lo haga rápido. La respuesta del presidente es rotunda: está fuera del PP, nos ha demandado y en estos momentos es un antagonista jurídico", defendía.
Sin embargo, ante la pregunta de por qué no ha demandado su partido al extesorero, el ministro respondía que 'ya está demandado por la sociedad, por el Ministerio Fiscal, el actor público que sostiene la acusación'. "El PP es el principal perjudicado, y estaremos allí donde nos dejen estar. Cuando se confía en el Ministerio Fiscal y este ejerce una acusación, el ciudadano tiene que estar tranquilo, porque ese interés público tiene que estar defendido. Que nadie piense que el PP no va a llevar hasta las últimas consecuencias a quien haya manchado su nombre", informaba Gallardón.
Por último, el ministro declaraba que todavía no existe fecha para la reforma de la Ley del Aborto porque se está trabajando en ello pero que esta se llevará a cabo, y decía también no tener miedo a un contagio de la crisis portuguesa después de la decisión del Constitucional sobre las pagas extra de los funcionarios. "El Gobierno sabe que ha actuado de acuerdo a la legislación. Las medidas las ha tomado con equidad, y se corregirán cuando hayamos superado la crisis económica. No hemos producido desequilibrios entre los más y menos favorecidos", concluía.
