El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, está dispuesto a acabar con los imputados y con las imputaciones, y no porque haya decidido que ya no existen ni los delitos ni los delincuentes sino porque entiende que la figura del imputado se ha desvirtuado hasta el punto de que todo imputado parece acusado de delito cuando, en puridad, no es así. Es por ello que encargó a la comisión creada en el seno de su Ministerio para elaborar la nueva Ley de Enjuiciamiento criminal que estudiara si hay alguna forma de modificar esa figura, de modo que se pueda distinguir perfectamente entre procesado, al que ya se le atribuye al menos la sospecha de comisión de algún delito, y testigo, aunque pueda prestar declaración con asistencia de un defensor y negarse a declarar contra sí mismo, según ha podido saber Vozpópuli.
Que la palabra imputado tiene mala prensa, es evidente. Fuentes de la comisión que ha elaborado la Ley lamentan la "estigmatización social" de la misma, aunque asumen que con el paso del tiempo se producirá una "contaminación" igual con la nueva denominación que se escoja. Si no que lo sigan al ya ex delegado de Economía y portavoz municipal del PP en el ayuntamiento de Madrid, Pedro Calvo, que dimitió recientemente de sus cargos tras ser imputado por la tragedia del Madrid Arena o al secretario general del PSC, Daniel Fernández, imputado en la investigación del "caso Mercurio", en su caso, por supuesto tráfico de influencias. Y es que la imputación, lamentan desde Justicia pero también desde el ámbito político, suena a atribución de actuación delicitiva, cuando esta figura realmente se creó como una medida garantista ya que permite acudir a acudir ante el juez con abogado y no declarar en contra de uno mismo aunque realmente sólo se acuda en calidad de testigo. "Investigado" ha sido una de las alternativas estudiadas por la comisión para sustituir al término "imputado", desechada finalmente por "introducir cierta confusión" .
Gallardón dejó claro lo que opina sobre esta figura al conocer el destino del que fuera su mano derecha durante muchos años, Pedro Calvo: “una declaración como imputado no significa ningún prejuicio y no debe significar una condena previa para nadie. La imputación en nuestro Derecho –agregó—no es de ninguna de las formas un prejuicio de acusación. La imputación es una garantía para todas aquellas personas que son llamadas a juicio como consecuencia de que hay un hecho presuntamente delictivo que tiene que ser investigado”. Pero a pesar del esfuerzo didáctico del ministro, es consciente de que la palabra ya está lo suficientemente marcada como para que nadie se ande con matices. Es por ello que reclamó a la comisión creada en el seno del Ministerio “que estudiara alguna forma de modificar eso, que vieran las opciones posibles”, según señalaron fuentes de Justicia.
Justicia ha estudiado los modelos de enjuiciamiento de Francia, Alemania, Italia, Chile y Perú, además de la reforma que emprendió el socialista Francisco Caamaño
Esta cuestión ya fue tratada en la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que puso en marcha el anterior ministro de Justicia, el socialista Francisco Caamaño, aunque la presentó tan cerca del final de la anterior legislatura, acortada además por el adelanto electoral, que fue imposible que saliea adelante. La comisión creada en Justicia el pasado mes de marzo ha tenido en cuenta la reforma Caamaño, pero también ha estudiado otros modelos como el francés, alemán, italiano, chileno o peruano "que tienen códigos muy buenos". En la mayoría de los países de nuestro entorno son los fiscales los que investigan mientras que los jueces se encargan de que el proceso sea garantista y, finalmente, de juzgar. Se tratará de un cambio histórico, que no deja, sin embargo, de levantar suspicacias habida cuenta la dependencia orgánica al Gobierno del Ministerio Fiscal,para ello será necesario asegurar con carácter previo su autonomía.
Justicia espera que a lo largo de diciembre la comisión termine sus trabajos, de modo que, esta vez sí, con tiempo, pueda procederse a la reforma de la actual ley en el próximo periodo de sesiones. Para ello, el Gobierno espera contar con el apoyo de los socialistas. El grupo de trabajo ministerial está formado por el secretario de estado de Justicia, Fernando Román; el magistrado del Tribunal Supremo Manuel Marchena; la vocal y portavoz del CGPJ, Gabriela Bravo; el magistrado del Tribunal Supremo Antonio del Moral; el magistrado jefe del Gabinete Técnico del Supremo, Jacobo López Barja; el catedrático de derecho procesal Nicolás González-Cuéllar; el catedrático de Derecho Penal Luis Rodríguez; el fiscal del Supremo Jaime Moreno y el asesor del gabinete del secretario de Estado, Jaime Requena.
