Las argucias legales que prepara el Gobierno para encajar el proyecto Eurovegas en el ordenamiento jurídico español se extienden ahora al ámbito de la prostitución. La reforma del Código Penal, que el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, defenderá este jueves en el Congreso de los Diputados, esconde una modificación del texto vigente que no ha pasado inadvertida para el PSOE por suponer una “legalización de facto del proxenetismo” en mayores de edad.
La normativa actual (artículo 187 del Código Penal) señala que “quien, empleando violencia, intimidación o engaño, o abusando de una situación de superioridad o de necesidad o vulnerabilidad de la víctima, determine a una persona mayor de edad a ejercer o a mantenerse en la prostitución, será castigado con las penas de prisión de dos a cuatro años y multa de 12 a 24 meses”. Y añade: “La misma pena se impondrá a quien se lucre de la prostitución ejercida por una persona, aun con el consentimiento de la misma”. Sin embargo, la reforma de Gallardón introduce en esto último dos supuestos y agrega como cláusulas para hallar materia punible que la víctima “se encuentre en una situación de dependencia personal y económica que no le deje otra alternativa, real o aceptable, que el ejercicio de la prostitución; o, se le impongan para su ejercicio condiciones gravosas, desproporcionadas o abusivas”.
Desde el principal partido de la oposición consideran que al establecerse estos dos supuestos, el Ejecutivo desprotege a todas aquellas personas explotadas que no se encuentren dentro de dicha casuística. Así, la diputada socialista por Madrid Ángeles Álvarez critica que no haya reproche penal cuando la prostitución no se dé en esas situaciones gravosas. Y además, “¿qué se entiende por gravoso en una profesión que no tiene reguladas sus condiciones de trabajo?”, plantea Álvarez. Para la parlamentaria del PSOE, la reforma de Gallardón “excluye el proxenetismo del ámbito delictivo” y se preocupa más del entorno que de la víctima que se ve obligada a ejercer la prostitución. Ello, explica Álvarez, se ha redactado con la intención de no actuar contra los grandes burdeles de lujo que proyecta el magnate Sheldon Adelson para Eurovegas, complejo que podría recalar en Alcorcón (Madrid).
"El Gobierno prohibirá el proxenetismo a las puertas de los hoteles de Adelson con la nueva Ley de Seguridad Ciudadana, pero lo consentirá dentro”, enfatiza la parlamentaria socialista Ángeles Álvarez
En esta línea, la diputada socialista denuncia el doble rasero del Gobierno que castiga la prostitución callejera con multa de hasta 30.000 euros, según el polémico anteproyecto de Ley de Seguridad Ciudadana que acaba de aprobar el Consejo de Ministros, y a la vez opta por no perseguir la explotación sexual en los burdeles de lujo. “El Gobierno prohibirá el proxenetismo a las puertas de los hoteles de Adelson, pero lo consentirá dentro”, enfatiza la parlamentaria socialista.
Además, desde el Grupo Socialista reprochan al PP que pretenda ahora sacar pecho de su compromiso con las mujeres con la creación de una subcomisión en la Comisión de Igualdad del Congreso para combatir la trata de personas. Mientras los populares impulsan esta mesa, el ministro de Justicia, recalcan los socialistas, “utiliza el Código Penal para satisfacer los intereses de mafiosos”, en alusión a Adelson. El PSOE tiene previstas próximas reuniones para abordar esta problemática con representantes del Consejo General de la Abogacía, secretarios judiciales y colectivos feministas como la Asociación de Mujeres Juristas Themis
Fracaso en Alemania
En este contexto, Álvarez advierte del error en que cae Gallardón al promover una regularización encubierta de la prostitución. Según apunta, estas aventuras han terminado fracasando en otros países europeos y ahora están siendo revisadas las leyes correspondientes. Como ejemplo cita el caso de Alemania, donde la norma que ha permitido a quienes ejercen la prostitución darse de alta en la Seguridad Social sólo ha generado 44 afiliaciones en los últimos diez años (40 mujeres y 4 hombres). Al mismo tiempo, el país germano, donde este negocio mueve más de 1.400 millones de euros al año, presenta una de las tasas más altas de explotación sexual en Europa.
En cuanto al debate parlamentario de este jueves sobre la reforma del Código Penal, que también introduce como novedad la prisión permanente revisable, tanto PSOE como La Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), CiU, PNV, ERC y BNG ya han presentado enmiendas de totalidad al articulado por incorporar medidas "populistas, degradantes e inhumanas" de dudosa eficacia y con un claro "objetivo electoral".
