"Si los jueces lo estimasen conveniente y lo solicitasen, no tendría problema en acudir", respondía Alberto Ruiz-Gallardón en una entrevista televisiva al ser preguntado por la posibilidad de que el instructor del 'caso Nóos' le llamase para declarar por los 144.000 pagados a Iñaki Urdangarin sin justificar.
El ministro de Justicia no ha querido ser tan taxativo como Mariano Rajoy sobre la declaración de la infanta Cristina, pero sí se ha mostrado absolutamente convencido de que "todo lo que sea una resolución judicial es positivo para la sociedad y para los procesados". Eso sí, le ha echado un capote al recordar que ella renunció a un derecho constitucional como es el de recurrir esa imputación. "Tenemos que garantizar que se tramite la declaración cumpliendo todas las garantías procesales, pero se tiene que hacer con la mayor celeridad. Lo único que podemos hacer es solicitar que no se eternicen este tipo de sumarios", respondía.
Además, volvió a explicar que el fiscal actúa con autonomía, y que el Ministerio Fiscal se integra con autonomía funcional en el poder judicial. Ha negado también que desde el Gobierno se diera una instrucción al fiscal, ya que de ser así, tendría que ser por consenso del Consejo de Ministros y se haría públicamente.
Sobre su polémica reforma de la ley del aborto, Gallardón declaró que no se siente sólo, ya que la norma ha sido aprobada en el Consejo de Ministros y consensuada, y aunque afirma no ser el único actor de la misma, sí se muestra orgulloso de que se hable del "aborto según Gallardón". Según su opinión, no existen voces discrepantes en el partido, sino "concreciones". "Yo recuerdo a Rajoy diciendo expresamente en una entrevista que apoyaba esta iniciativa, que tiene un consenso amplísimo por parte de una mayoría parlamentaria, y que el presidente calificó como 'una ley justa y de amplio consenso'", decía.
Para el ministro, la postura del PSOE en este asunto tiene un punto de arrogancia, ya que los socialistas aceptan ciertas reformas de la derecha cuando gobierna "pero hay unas cuantas materias sobre las que pretenden el monopolio, como son la educación o el aborto. Si lo ha votado una mayoría absoluta porque estaba en un programa, ¿por qué no vamos a llevarlo a cabo? Esta ley se parece muchísimo a la de 1985. Es que Felipe González era antiabortista?", preguntaba.
Daño psicológico por las malformaciones
Según las palabras del ministro, no pretende imponer a los demás la convicción personal de tener un hijo con malformaciones graves, y explica que la interrupción del embarazo podrá llevarse a cabo no por las malformaciones del feto, pero sí por el daño psicológico que éstas puedan ocasionar a la madre, previo dictamen de dos psiquiatras y con una semana previa de reflexión. "Que el legislador garantice que esa semana tiene que existir no perjudica los derechos de la mujer. Lo que dice el comité de seguimiento es que no puede haber distinto nivel de protección para personas con minusvalía ni antes ni después del nacimiento. Sólo porque una persona tenga discapacidad no puede tener menos derechos que otra", defendía.
Sin embargo, el ministro admitía que era partidario de aumentar las ayudas a la dependencia, algo que harán "cuando tengan margen presupuestario". "La libertad de ser madre pasa también porque no haya razones económicas o laborales que hagan decidir no seguir adelante con su embarazo. La reforma de la ley son los cimientos de la casa, la protección. Las paredes y el tejado, que son las ayudas, será la batalla de después", añadía.
Por último, Gallardón advertía sobre los indultos mediáticos -Del Nido, Matas, Garzón, Ortega Cano- que la notoriedad de los personajes nunca será un elemento decisivo a la hora de valorarlos, y hacía una defensa de los jueces al explicar, sobre la 'doctrina Parot', que lo que pasó no fue culpa de los jueces, que sólo aplican la ley. "La responsabilidad fue de un parlamento que durante muchos años no atendió la petición popular de modificar el cumplimiento íntegro de las penas.
