No hay rectificación alguna por parte del Gobierno en el diseño de la futura normativa para el acceso a la nacionalidad española. Si el pasado marzo salió a la luz un borrador del anteproyecto de Ley de Reforma Integral de los Registros, que endurecía las condiciones de obtención de la nacionalidad, lo que llevó a la oposición y a colectivos de inmigrantes residentes en este país a denunciar que “se quiera crear españoles de segunda”, el plan se mantiene firme por parte del Ministerio de Justicia, que parece dispuesto a dejar escaso margen para la incorporación de enmiendas.
Dicho borrador establecía que los extranjeros deberán superar un "examen oficial" que permita acreditar un grado suficiente de conocimiento del idioma español y de su integración en la sociedad española para adquirir la nacionalidad. Actualmente, encargados del Registro Civil realizan obligatoriamente pruebas de integración consistentes en “oír personalmente al peticionario, especialmente para comprobar el grado de adaptación a la cultura y estilo de vida españoles”. Sin embargo, a ojos del Gobierno popular, estas audiencias son demasiado subjetivas y generan “desigualdad en la realización y valoración de la comprobación del grado de integración”. Por ello, el Ejecutivo de Mariano Rajoy no está dispuesto seguir con el sistema vigente y, pese a las críticas recibidas desde marzo, adoptarán profundos cambios conforme a una hoja de ruta que considera a día de hoy inalterable. Así lo atestigua una reciente respuesta del Gobierno a una pregunta parlamentaria escrita formulada por siete diputados del PSOE en el Congreso, con su portavoz de Justicia, Julio Villarrubia, al frente.
El Ejecutivo popular echa en falta la existencia de “normas de aplicación generalizada” para la realización de la entrevista personal, al igual que “criterios fijos y objetivos tanto de indagación como de calificación”
En concreto, el departamento que dirige Alberto Ruiz-Gallardón justifica los cambios haciendo alusión a doctrina del Tribunal Supremo y esgrime que “lo que pretende el Gobierno es introducir previsibilidad y claridad en el procedimiento mediante la incorporación de esa jurisprudencia y el establecimiento de criterios objetivos y homogéneos”. De este modo, el Ministerio de Justicia entiende “necesario” un plan para “objetivizar” el procedimiento actual, donde “la audiencia personal del interesado se constituye como el único medio para comprobar el grado de integración del solicitante”. Así, el Ejecutivo echa en falta la existencia de “normas de aplicación generalizada para la realización de esa entrevista”, al igual que “criterios fijos y objetivos tanto de indagación como de calificación”. Por tanto, Justicia rechaza el proceso seguido con el anterior gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, ya que en él “cada encargado del Registro realiza el examen o entrevista que estima conveniente”, critica.
Gallardón pretende así dar cumplimiento al programa electoral del PP para los últimos comicios generales, donde rezaba: “Requeriremos el conocimiento de los valores fundamentales contemplados en la Constitución que son la base de nuestra sociedad, y el conocimiento suficiente de la lengua, la historia y cultura españolas para la obtención de la nacionalidad. Se dará una solemnidad adecuada al acto de adquisición de la nacionalidad española”.
Justicia vaticina que en los dos próximos años habrán una reducción del 7% en solicitudes de nacionalidad, lo que se traduce en que el Gobierno dispensará, por tanto, menos concesiones en un periodo donde España debería comenzar la recuperación económica
En otra respuesta parlamentaria a una pregunta correlativa del PSOE sobre los últimos datos recabados al respecto, el Gobierno revela que en el periodo comprendido entre enero y marzo de 2013 se han presentado 38.116 solicitudes de concesión de nacionalidad (37.920 por residencia, 196 vía cartas de naturaleza y 27 mediante dispensa para recuperar la nacionalidad española), estimando que para el conjunto del presente año se registren más de 150.000 expedientes de solicitud por residencia. Es aquí donde el Ejecutivo introduce una estimación y vaticina que en los dos próximos años se recibirán una media de más de 140.000 solicitudes por residencia, lo que supone una reducción del 7%. Ello se traduce en que el Gobierno dispensará, por tanto, menos concesiones de nacionalidad en un periodo donde España debería comenzar la recuperación económica.
