La Audiencia Territorial de la localidad alemana de Schleswig-Holstein asestó ayer un duro revés al enfoque judicial del Tribunal Supremo español sobre el procés. Las autoridades germanas no entregarán al principal acusado de la causa, el expresidente Carles Puigdemont, por el delito de rebelión sobre el que pivota todo el relato del juez instructor, Pablo Llarena. En caso de que fuese entregado por malversación, sólo podría ser juzgado por este delito, penado con hasta ocho años de cárcel.
El magistrado procesó por rebelión -penado con hasta 25 años de cárcel- al huido Puigdemont y a otros 12 responsables políticos catalanes, entre ellos al exconseller Jordi Turull, quien sólo un día antes había optado a ser investido presidente de Cataluña sin conseguir los apoyos suficientes para ello. Rebelión implica la existencia de violencia. A lo largo de 69 folios de auto, el magistrado hacía un relato en el que sostenía que los responsables del proceso rupturista asumieron la violencia como forma de presionar al Estado para conseguir la independencia. Se basaba, entre otros indicios, en el aviso que les dieron los Mossos de que el 1-O habría una escalada de enfrentamientos y aún así decidieron continuar con la consulta ilegal.
"Los hechos que se han relatado como acaecidos el día 20 de septiembre de 2017 ante la sede de la Consejería de Economía y Hacienda, reflejan todas las exigencias que se han identificado para un actuar violento y aún para la violencia", dijo el juez Llarena en su auto. En contra de lo que es habitual, este procesamiento se produjo antes de terminar la investigación de los hechos, que sigue su curso. Se interpretó como un intento del juez de neutralizar el plan de los independentistas de investir a uno de los investigados, en este caso Turull, quien fue enviado a la cárcel tras ser procesado. En prisión preventiva por estos hechos está también el exlíder de la ANC, Jordi Sánchez, el que había sido el plan B antes que Turull ante la imposibilidad de investir a Puigdemont al estar fugado.
La Fiscalía española se coordinó con el Ministerio Público alemán tras el arresto de Puigdemont en ese país. Las autoridades españolas trasladaron toda la documentación confiadas en que las similitudes entre el delito de rebelión del Código Penal español y el de alta traición que recoge la legislación alemana darían como resultado la entrega del expresident. El artículo 81 del Código Penal alemán castiga hasta con cadena perpetua a quien “intente con violencia o por medio de amenaza con violencia perjudicar la existencia de la república federal de Alemania o cambiar el orden constitucional”.
El escrito de los abogados
No obstante, la Audiencia de Schleswig-Holstein entiende que no se cumple la similitud exigida en el marco de la Orden Europea de Detención y Entrega para acceder a las peticiones de España, defendidas este martes por la Fiscalía alemana. En su lugar, ha atendido la petición de los abogados de Puigdemont, que este jueves entregaron al tribunal 46 folios de escrito junto a medio millar de páginas de documentación adicional con el objetivo de hacer ver que el relato de Llarena hacía alusión a "una violencia ambiental en contra de los derechos democráticos”, según fuentes del entorno del expresident.
La sala primera de lo penal de Schleswig-Holstein considera que la imputación del delito de rebelión es "inadmisible", según su legislación, por no cumplirse el requisito de la violencia. "Los actos que se le imputan no serían punibles en Alemania según la legislación vigente aquí", dice la resolución, según Efe. En un caso similar, el Tribunal Supremo alemán determinó que para cumplir con el concepto de violencia "no basta con que se amenace con ella o que se use" para inducir a los órganos del Estado a actuar del modo deseado, sino que es necesario también que esa violencia tenga la capacidad de "doblegar la voluntad de esos órganos constitucionales". "Este no es el caso", destaca.
Precisamente, la jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela también emitió este jueves su auto de procesamiento contra el exmayor de los Mossos d'Esquadra Josep Lluis Trapero y la cúpula política del Cuerpo por los mismos hechos del 1-O y el asedio a la Consellería de Hacienda el 20 de septiembre. En su caso, la magistrada les acusa de sedición (delito inferior a la rebelión) y también de organización criminal, pero no comparte con Llarena el relato sobre la actuación con violencia.
ANC paga la fianza
Puigdemont quedará libre tras el pago de 75.000 euros de fianza de la que se hace cargo la ANC, aunque por el momento no podrá abandonar Alemania y debe fijar una residencia de referencia en el Estado en el que fue arrestado. Eso a pesar de que la Fiscalía también pidió que permaneciese en la cárcel hasta finalizar el proceso de entrega por el riesgo de que se volviese a fugar. La Fiscalía alemana estudia ahora las posibilidades que tiene de recurrir esta decisión de la justicia de su país de dejar fuera el delito de rebelión. Mientras tanto, el trámite sigue su curso, pero ya sólo por el delito de malversación.
Fuentes judiciales consultadas apuntan a que esta decisión deja tocada toda la causa. El precedente de que Alemania no aprecie la violencia, podría ser un motivo de recurso por parte de los acusados de cara al futuro, especialmente ante instancias internacionales. Advierten además de la paradoja que supondría ver al último Gobierno de la Generalitat sentado en el banquillo por un delito penado con hasta 25 años de prisión y a su principal responsable efrentándose sólo a una pena de ocho años de cárcel por el desvío de 1,6 millones públicos para el referéndum. Sus abogados ya han anunciado que van a intentar impedir también la entrega por este delito. Alemania tiene un índice del 80 por ciento de entregas cuando un Estado miembro le reclama a un detenido en su país en virtud de una euroorden.
Fue precisamente este riesgo el que llevó en diciembre al juez Llarena a retirar la Orden Europea de Detención -acuerdo entre jueces y no entre gobiernos como es la extradición- que había dictado previamente la jueza de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela. La reactivó el mismo día que dictó su auto de procesamiento una vez la investigación ya contaba a su juicio con elementos de solvencia. Llarena sigue teniendo la posibilidad de retirar la euroorden.
Comín, Puig y Serret, también en libertad
Puigdemont fue arrestado en Alemania a su regreso acelerado desde Finlandia. Su deseo era ponerse a salvo en su santuario belga, cuyas autoridades ya habían manifestado numerosos reparos a su entrega. La operación de arresto contó con la participación del CNI, que aguardó a que el expresident entrase en Alemania para avisar a las autoridades locales y que fuese detenido en ese país. Se consideró que la legislación germana era más conveniente para la entrega.
Por su parte, los exconsejeros de la Generalitat de Cataluña huidos a Bélgica, Toni Comín, Lluis Puig y Meritxell Serret han salido esta noche en libertad sin fianza, por decisión de la Justicia belga.
