La Comunidad de Madrid ha pagado a la empresa Aparcamientos Isolux Corsán un total de 4,2 millones de euros, más los intereses de demora, tras anular el proyecto del Campus de la Justicia, según la sentencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo número 6 de Madrid.
El Gobierno de la Comunidad proyectó, con Alfredo Prada como consejero, una ciudad de la Justicia para unificar las sedes de todos los tribunales madrileños, con excepción del Supremo y la Audiencia Nacional.
Se eligieron los mejores arquitectos del mundo y se comenzó a construir la urbanización de todos los viales y el Instituto Médico Forense, único edificio en pie. Se gastaron más de 120 millones de euros y se paró la obra por la crisis económica. Los sucesivos gobiernos del PP negociaron la rescisión de los contratos y acuerdos con las empresas. Pero hubo algunas compañías que no llegaron a cobrar lo deseado y acudieron al juez.
Una de ellas fue Aparcamientos Isolux Corsán. Esta empresa pidió al Gobierno regional en un primer momento hasta 9 millones de euros. Había ganado la construcción y explotación de los aparcamientos para un periodo de treinta años. No hubo acuerdo en las negociaciones y la compañía acudió a los tribunales.
En julio de 2011 presentó un recurso contencioso administrativo para que la Comunidad le pagara 2,9 millones de euros en concepto de daño emergente y 1,3 como lucro cesante. Alegaba que se había producido ese daño como resolución del contrato del que habían sido adjudicatarios. Además le anunciaba a la Comunidad que tenía efectuada otra reclamación por lucro cesante en otro procedimiento.
En los fundamentos de derecho se señala que “resultando indiscutida la celebración del contrato, la resolución del mismo, el reconocimiento por la Administración de 2,9 millones de euros de daño emergente y 1,3 millones de lucro cesante y la procedencia de la reclamación… se está en el caso estimar el recurso contencioso administrativo”.
La Administración consideró que no tenía que haber condena en costas “al no existir postura procesal dolosa o culposa contraria a la buena fe”. Y también decía que “el no pago de la cantidad adeudada, queda compensado con el pago de los intereses que se incrementan cuanto mayor resulte la demora”. El tribunal señala que no ha existido por parte de la Administración temeridad ni mala fe y que la Comunidad reconoció la falta de pago, por lo que no impuso al Gobierno regional las costas.
El fallo condenó a la Comunidad de Madrid al abono “inmediato” de las cantidades “después de que se hubiera procedido a la resolución del contrato para la redacción del proyecto, construcción y explotación del estacionamiento de rotación del Campus de la Justicia de Madrid”.
La oposición socialista ha sido especialmente crítica con la situación de esta obra. Su portavoz de Justicia, Amparo Valcarce, ha reclamado en numerosas ocasiones información sobre los pagos, que dice le niega el consejero de Justicia, Salvador Victoria. Igualmente ha criticado que no se presentaran las cuentas en el registro de los últimos ejercicios fiscales, tal y como exige la legislación vigente.
