Javier Alvarado Ochoa, viceministro de Energía del Gobierno de Hugo Chávez, se desliga del caso Duro Felguera. Este exmiembro del clan chavista, a quien Estados Unidos reclamó por delito de blanqueo de capitales, asegura que no era el responsable de los contratos como el que se adjudicó la compañía asturiana a cambio, según sospechan los investigadores, de millonarias mordidas. Más bien al contrario, señala directamente a dos personas: el fallecido expresidente bolivariano y el que fuera su mano derecha y presidente de PDVSA, Rafael Ramírez.
Así lo plasma en un escrito dirigido al Juzgado Central de Instrucción número 2 y al que ha tenido acceso Vozpópuli. Su defensa envía este documento a la Audiencia Nacional en un momento crucial. Por un lado porque esta causa por los sobornos al Gobierno bolivariano encara su recta final y, por otro, porque se produce en pleno auge de las investigaciones penales en la Audiencia Nacional por los supuestos pagos irregulares ligados a la petrolera estatal. Al respecto, cabe recordar que Alvarado Ochoa es uno de los exjerarcas de la época del chavismo que está colaborando con la Justicia.
Considerado por los investigadores como una pieza clave en el engranaje de las irregularidades de PDVSA, el exviceministro de Energía asegura que él no era más que un director de comercialización "sin capacidad alguna de decisión" respecto a contrataciones como la de Duro Felguera. Sin embargo, la Fiscalía Anticorrupción -que rastrea supuestas comisiones de 105 millones de dólares camufladas en servicios de asesoramiento a altos cargos bolivarianos- sostiene una tesis contraria. El Ministerio Público apunta que Alvarado Ochoa (cuya extradición denegó la Audiencia Nacional) ostentaba un puesto de "total capacidad de decisión" sobre estos contratos.
La Fiscalía incluso llegó a decir que Alvarado Ochoa jugó un papel necesario para que Duro Felguera se adjudicara la central de ciclo combinado de Termocentro (por más de 1.500 millones de dólares) y para el posterior blanqueo de capitales de dichas cantidades. Pero para Anticorrupción los hechos no solo se ciñen a este caso concreto. Más bien al contrario, ya que, en uno de sus últimos escritos adelantado por este diario y en el que piden librar comisión rogatoria a Estados Unidos, añaden que también tuvo capacidad de mando en la contratación de otras firmas españolas como Elecnor o Iberdrola.
Iberdrola y Elecnor
"El Sr. Alvarado nunca contrató nada ni con Elecnor ni con Iberdrola, empresas que, además, no forman parte, ni directa ni indirectamente de las presentes diligencias previas, por lo que incluirlas en una comisión rogatoria a Estados Unidos equivaldría a sembrar una duda no solo sobre el Sr. Ochoa Alvarado sino sobre ambas mercantiles en un procedimiento del que no forman parte bajo figura procesal alguna", reza el escrito en el que su defensa responde al Ministerio Público.
Para armar su tesis, el exviceministro detenido en España en mayo de 2019, asegura que no tuvo "intervención alguna" en el proceso de licitación bajo sospecha. Al respecto, señala al "ministro competente en la materia" (Rafael Ramírez) y a Hugo Chávez. Según explica Alvarado Ochoa, su firma no se estampó en el contrato de obras preliminares de esta licitación que aprobó el antecesor de Nicolás Maduro en el cargo porque se encontraba "4 o 5 escalones más abajo en el organigrama de decisión".
"Tal afirmación, gravísimamente perjudicial para mi representado, es errónea (...). Lo es ya que consta acreditado en autos que Electricidad de Caracas era una empresa perteneciente a la Corporación Eléctrica (Corpoelec), corporación pública con un organigrama y esquema de funcionamiento en el cual el Sr. Alvarado ostentaba desde febrero de 2008 -esto es, con anterioridad a los hechos investigados en la presente causa- el cargo de Director de Comercialización sin capacidad alguna de decisión respecto de contratación de la ejecución de obras de generación eléctrica", añade.
Colabora con la Justicia
Por ello, además de solicitar a la Fiscalía que corrija las afirmaciones incluidas en su escrito del pasado 11 de octubre, recuerda que ha entregado a la Policía en los últimos cinco años "innumerables pruebas documentales" que probarían que no era más que un directivo de Corpoelec. Fiscalía, por su parte, le equipara en el mismo escalafón que Luis Carlos de León. Se trata del exdirectivo de la filial de PDVSA a quien Anticorrupción pide interrogar mediante comisión rogatoria tras localizarle en Texas. De León que confesó los delitos que se le atribuyen en relación a las mordidas de la petrolera tras su extradición a Estados Unidos.
Se da la circunstancia de que también Texas solicitó la entrega de Alvarado Ochoa. Sin embargo, su caso es diferente. La Audiencia Nacional denegó la extradición el 16 de diciembre de 2019 por la existencia de este procedimiento penal. Los magistrados explicaron que el exmiembro del clan chavista -reclamado por Estados Unidos y también por Venezuela- debía quedarse en España para rendir cuentas ante la Justicia de nuestro país. Y ello pese a que la causa en Texas se abrió antes que la relativa a Duro Felguera (en 2015) y que ya está más avanzada que la que se sigue en España.
A todo esto hay que añadir que el pronunciamiento de Alvarado Ochoa se produce en un momento especialmente clave por el impulso de las investigaciones penales sobre los pagos que salieron de PDVSA. A la causa por las supuestas comisiones de Duro Felguera hay que añadir también la relativa al presunto saqueo de la petrolera bolivariana (que se sigue en el Juzgado Central de Instrucción número 3) o a otras como la abierta contra el exembajador español en Venezuela Raúl Morodo. En este caso se le atribuye el cobro de 4,5 millones de euros que provendría de la empresa pública.
En las últimas semanas, además, la Audiencia Nacional también ha impulsado una causa que permanecía archivada desde 2016. Se trata de un procedimiento que se siguió en el Juzgado Central de Instrucción número 6 relativo a la supuesta financiación irregular de Podemos. Las confesiones del exjefe de inteligencia militar de Venezuela, Hugo 'el Pollo' Carvajal, en sede judicial apuntarían a pagos irregulares de los Gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro a antiguos espadas de Podemos (especialmente Juan Carlos Monedero) que, bajo el concepto de servicio de asesoramiento, encubriría desembolsos que se gestionaron desde PDVSA.
