Ha sido un día muy productivo para Pablo Ruz. El juez de la Audiencia Nacional ha imputado al extesorero del PP Álvaro Lapuerta un nuevo delito de apropiación indebida al considerar que podría haber colaborado con su colega Luis Bárcenas a quedarse con fondos del PP, que ingresó posteriormente en cuentas suizas.
En un auto hecho público este martes el magistrado cita a declarar al extesorero para el próximo viernes y asegura que "conforme a lo que resulta de distintas actuaciones y, en particular, de informes y documentación bancaria recientemente incorporados a la causa, el origen de otra parte de los fondos ingresados en cuentas suizas y españolas abiertas tanto a nombre del imputado Luis Bárcenas Gutiérrez como del de su esposa, Rosalía Iglesias, podría proceder de fondos del Partido Popular cuya gestión tenía aquél encomendada".
Ruz agrega que Bárcenas habría actuado "con el consentimiento de Álvaro Lapuerta, prevaliéndose de sus cargos en la formación política y de la opacidad de la contabilidad paralela".
Como ya informó Vozpópuli el pasado mes de mazo, Hacienda también apuntó hacia el predecesor de Bárcenas. Según un informe de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) incorporado al sumario de los 'papeles' de Bárcenas, Lapuerta también podría haberse quedado más de 100.000 euros de la caja B del Partido Popular.
Lapuerta ya estaba imputado en la pieza del caso Gürtel sobre los llamados papeles de Bárcenas, donde se investiga, recuerda el juez, "la llevanza por Luis Bárcenas y por Álvaro Lapuerta de una contabilidad paralela o caja B del Partido Popular que se nutriría, con carácter general, de donativos efectuados por personas relacionadas con entidades beneficiarias de importantes adjudicaciones públicas". Ahora, el juez imputa a Lapuerta un delito de apropiación indebida respecto a los fondos "de procedencia indiciariamente ilícita de Luis Bárcenas inicialmente depositados en Suiza", donde este último llegó a acumular 48,2 millones de euros.
Detrás de la cuñada de Bárcenas
Además, Ruz ha ordenado recabar más información sobre el patrimonio y los movimientos bancarios de Arminda Iglesias, cuñada de Luis Bárcenas, por si hubiera cometido un delito de blanqueo al pagar al abogado del extesorero y de su mujer unos 60.000 euros.
En otro auto, el juez acuerda pedir a la Agencia Tributaria un informe sobre los recursos económicos titularidad de Arminda Iglesias en 2013, el año en que abonó esos honorarios al abogado Javier Gómez de Liaño, que defiende tanto a Bárcenas como a su mujer, Rosalía Iglesias, hermana de Arminda.
La Fiscalía solicitó al juez que llame a declarar a Arminda Iglesias en calidad de imputada por un delito de blanqueo de capitales, pero antes le pidió que recabara información sobre su patrimonio y sus movimientos bancarios, cosa que ahora ha acordado Ruz.
El ministerio fiscal reclamó estas diligencias después de que la Agencia Tributaria expresara en un informe sus sospechas de que Bárcenas usara a Arminda Iglesias como un "mero instrumento" para pagar con "posibles rentas ocultas" los honorarios de su abogado.
El extesorero del PP manchego, también imputado
El juez Pablo Ruz también ha imputado al extesorero del PP en Castilla-La Mancha y exconcejal de Hacienda en el Ayuntamiento de Toledo Lamberto García Pineda en relación con el contrato otorgado por el consistorio a la empresa Sufi para el servicio de limpieza y recogida de basuras.
Ruz, que le ha citado a declarar el próximo 24 de julio, ha adoptado esta decisión en un auto tras recibir el informe de la Intervención General del Estado (IGAE), que concluye que la contratación de Sufi, filial de Sacyr, podría ser nula de pleno derecho porque cuando ya se estaba ejecutando el contrato se adoptó una modificación del precio omitiendo el procedimiento legalmente establecido.
En relación con este asunto, el juez pide además al Ayuntamiento de Toledo que en un plazo de cinco días le remita el testimonio íntegro del acta de la sesión ordinaria de la Junta de Gobierno del 23 de mayo de 2007 en el que se trató esa modificación al alza del precio previamente acordado, que se elevó de los 6,7 millones de euros iniciales a 7,2.
