Amnistía Internacional (AI) ha vuelto a pedir este martes la "libertad inmediata e incondicional" de los líderes independentistas Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, coincidiendo con el tercer aniversario de su encarcelamiento condenados por sedición por su participación en el "procés".
En un comunicado, AI denuncia que es "una situación de injusticia" que el expresidente de la ANC Jordi Sánchez y el presidente de Òminum Cultural Jordi Cuixart lleven "más de mil días entre rejas apartados de sus familias".
Amnistía Internacional, que ha pedido varias veces que los dos líderes sociales independentistas sean liberados, considera que ambos ejercieron "sus derechos a la libertad de reunión pacífica y de expresión".
"Hoy los tres poderes del Estado tienen la oportunidad de corregir los efectos de una condena injusta contraria a los derechos humanos", defiende AI, que pide que la Fiscalía del Tribunal Constitucional impulse una "rápida resolución" del recurso de amparo interpuesto por Sánchez y Cuixart, instando a la anulación de la condena dictada por el Tribunal Supremo.
"Ya llevan más de tres años en prisión. El Tribunal Constitucional debe resolver cuanto antes el recurso", ha afirmado el director de Amnistía Internacional España, Esteban Beltrán, que ha visitado a los presos en la cárcel de Lledoners.
"El Poder Ejecutivo tiene la oportunidad de tramitar con prontitud los expedientes de indulto relativos a Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, que nunca deberían haber ido a la cárcel, aunque esta no sea la solución ideal", ha añadido Beltrán.
El director de AI España considera que el indulto "supone solo el perdón de la pena, pero no del delito, como en nuestro criterio debería suceder, pero cualquier medida que suponga poner fin a la injusticia de su encarcelamiento, será bienvenida por Amnistía Internacional".
"Vulnera el principio de legalidad"
Beltrán también ha pedido que el Gobierno reforme "cuanto antes" el delito de sedición, "que vulnera el principio de legalidad".
Según AI, a diferencia de otros delitos contra el orden público, la sedición no recoge explícitamente en su definición el recurso a la violencia o la amenaza de violencia -como sí ocurre, por ejemplo, con los delitos de atentado o desórdenes públicos- sino que prevé que la acción se ejecute "por la fuerza o fuera de las vías legales".
"El Poder Legislativo debe impulsar una reforma del delito de sedición para garantizar que no se criminaliza indebidamente el ejercicio de las libertades de expresión y reunión pacífica, ni se imponen penas desproporcionadas a actos de desobediencia civil pacífica, tal como ha pasado en este caso", ha resumido Beltrán.
Sobre el recurso interpuesto por la Fiscalía contra la progresión al tercer grado de clasificación penitenciaria, aún pendiente de resolución, según Beltrán, "las autoridades deben adoptar todas las medidas a su alcance para avanzar hacia la puesta en libertad de Jordi Sánchez y Jordi Cuixart".
"Esperamos que el Tribunal Supremo resuelva lo antes posible la confirmación de la progresión de grado autorizada por las autoridades penitenciaras catalanas, lo que supondría la aplicación de un régimen de semilibertad para Sánchez y Cuixart", ha concluido Beltrán.
