"Consideramos que el Ministro Marlaska debe asumir sus responsabilidades de una vez por todas. Con esta expulsión, España además vulneró el Convenio Europeo de Derechos Humanos, ya que realizó una expulsión colectiva fruto de una decisión indiscriminada de las autoridades". Así lo ha declarado la investigadora sobre migración en Amnistía Internacional España, Virginia Álvarez.

El Tribunal Supremo confirmó el pasado lunes que la devolución de menores no acompañados de Ceuta a Marruecos en agosto de 2021 no cumplió con la legalidad al considerar que las autoridades españolas actuaron con "absoluta inobservancia" de la Ley de Extranjería e incumplieron el Convenio Europeo de Derechos Humanos, que prohíbe las "expulsiones colectivas de extranjeros".

"El retorno de los menores no acompañados en situación ilegal en España no puede basarse únicamente en el Acuerdo entre el Reino de España y el Reino de Marruecos de 2007, sino que debe ajustarse también la legislación española en la materia, especialmente en lo atinente a las garantías procedimentales", ha concluido el tribunal.

Desestimados los recursos

Los magistrados han desestimado los recursos de la Delegación de Gobierno en Ceuta y del Gobierno de la ciudad autónoma, quienes alegaron la semana pasada en una vista que las devoluciones tuvieron lugar en el marco de una "auténtica invasión" y que la actuación de España se amparó en el acuerdo firmado con Rabat en 2007, por lo que defendía que no se habían vulnerado los derechos de los menores.

Así, desde Amnistía Internacional, han señalado que están de acuerdo con lo señalado por el Supremo, que, según han indicado, "se lamenta de que se pusiera así en peligro la integridad física y moral de los menores "contraviniendo así las obligaciones de España en materia de derechos humanos".

"Parece que necesitamos recordarle una vez más al Ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, que actuar al margen de la Ley y de los Tratados internacionales de derechos humanos pone en riesgo la vida de las personas. Así se lo hemos dicho diversas organizaciones de derechos humanos, y así se lo acaba de confirmar el Tribunal Supremo", ha expuesto Álvarez.

Asimismo, ha recordado que, entre el 17 y 18 de mayo de 2021 entraron en la ciudad de Ceuta unas doce mil personas procedentes de Marruecos, entre ellas al menos 1.500 menores. Amnistía Internacional ya pidió en ese momento que se paralizaran las devoluciones mientras no se cumplieran con las garantías de protección.

Por su parte, el Servicio Jesuita a Migrantes en declaraciones a Europa Press celebra que el Tribunal Supremo "exija" al Estado que "cumpla la Ley también en la frontera". "El ahínco puesto en el control de los movimientos migratorios hace de la frontera, no una raya que delimita demarcaciones administrativas, sino una tierra de nadie en la que no rigen los principios de libertad, seguridad y justicia", ha asegurado.

En todo caso, el SJM asegura que estas no fueron las únicas expulsiones colectivas e indica que acompañó durante un tiempo a un periodista yemení con un "potente" perfil de protección internacional que fue devuelto a Marruecos 15 horas después de su entrada en Ceuta en la noche del 17 de mayo a pesar de las protestas del equipo de ACNUR.

"Aquel profesional luego intentó solicitar protección en la embajada de España en Marruecos, pero fue en vano. Finalmente, entró en Melilla en octubre de 2021 tras varios intentos fallidos de travesía a nado y fue documentado como solicitante de protección. Es un ejemplo entre muchísimos más", revela.

También destaca que ha impugnado "unas pocas" devoluciones ante la jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo, y que espera "que se haga justicia, imponiendo al Estado el respeto del ordenamiento jurídico". Sin embargo, recalca que "no basta" y que "es preciso que el Ministerio del Interior asuma en su política y en su actuación la continua observancia de las garantías de derechos en sus actuaciones, también en la Frontera Sur".

El Gobierno tenía que haber escuchado "a cada niño"

La abogada de Fundación Raíces, Paloma García de Viedma, ha señalado que el Gobierno tenía que haber escuchado "a cada niño" sobre la sentencia del Tribunal Supremo relacionada con la devolución a Marruecos en agosto de 2021 de los menores que entraron en Ceuta. Fundación Raíces es una de las organizaciones que denunció el comportamiento de la Delegación del Gobierno en Ceuta.

"El Gobierno tenía que haber escuchado a cada niño y haber notificado una resolución que el niño tendría derecho a recurrir si no estaba de acuerdo", ha asegurado en una entrevista en el programa 'Más de uno', de Onda Cero, recogida por Europa Press.

En este sentido, García de Viedma ha recalcado que el Ejecutivo "debería haber estudiado la situación individual de cada menor, tanto en España o en su país de origen". En todo caso, ha precisado que esta sentencia les deja "muy tranquilos" para "que el Gobierno no repita lo que hizo en agosto de 2021".

También ha indicado que la sentencia es "muy importante" y ha destacado que "es muy sorprendente que tenga que venir el Tribunal Supremo a recordarle al Gobierno que la ley hay que cumplirla" y que esta actuación haya llevado a abrir un proceso pena "por posible delito de prevaricación". Además, ha manifestado que "las explicaciones se tendrán que dar en otras instancias".

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