La magistrada del Tribunal Supremo que investiga a Carles Puigdemont y a Rubén Wagensberg por delito de terrorismo deja en punto muerto la investigación internacional. La publicación de la amnistía en el BOE el pasado martes está teniendo ya sus primeras consecuencias en los procedimientos abiertos contra líderes independentistas, aunque la principal de ellas es la paralización de las instrucciones.

En este caso, la magistrada Susana Polo ha decidido "suspender temporalmente" la solicitud de asistencia judicial en materia penal que se remitió a Suiza el pasado mes de mayo y también la Orden de Investigación Europea (OEI), que se habían impulsado para localizar al líder de Junts y al diputado de ERC, ambos fugados de la Justicia.

En su providencia, a la que ha tenido acceso Vozpópuli, la instructora del procedimiento acuerda dejar en el aire estas diligencias, excepto en lo referente a la notificación de las resoluciones dictadas en la causa contra Puigdemont.

Puigdemont en Tsunami

Esta causa, que también va a verse afectada con la entrada en vigor de la amnistía, arrancó el pasado mes de febrero contra Puigdemont y el diputado republicano procedentes de la Audiencia Nacional. Ambos estaban investigados en el procedimiento que arrancó el magistrado Manuel García Castellón contra Tsunami Democràtic, si bien se inhibió en favor de la Sala Segunda del Tribunal Supremo al tratarse de dos personas aforadas.

Así pues, aunque la gran causa que se ha seguido en el Supremo contra Puigdemont sea el procés, estas otras diligencias surgidas ya en pleno trámite de la amnistía también preocupan al expresidente catalán, principalmente por la gravedad del delito que se le atribuye.

Conviene recordar que, aunque la teniente fiscal del Supremo se opuso a que se le investigara por terrorismo, la Sala de lo Penal al completo avaló al instructor de Tsunami al considerar que Puigdemont tuvo un "rol de liderazgo" indiscutible en relación con la puesta en marcha de esta plataforma radical así como con sus actuaciones más violentas.

Así pues, el Supremo impulsó unas pesquisas que apenas pueden echar a andar por la fuga de los dos imputados y la entrada en vigor de la amnistía. De hecho, una de las primeras medidas que acordó la magistrada Susana Polo tras abrir diligencias fue citarles como imputados por videoconferencia entre los días 17 y 21 de este mes.

Investigación por terrorismo

En dicho auto, la instructora acordó que tanto Puigdemont como Wagensberg deberían asistir acompañados de abogado, previa averiguación de paradero y domicilio. Por ello, libró una orden europea de investigación y una comisión rogatoria internacional a través de Eurojust.

Sobre este asunto la Policía Judicial traslado a la magistrada instructora que, tras solicitar la colaboración internacional a través de Interpol, se constató que no se habían localizado ni a Puigdemont ni al diputado de ERC en Francia. Los agentes quedaron a la espera de que las autoridades suizas respondieran a la petición de auxilio.

Sin embargo, la entrada en vigor de la amnistía ha dejado en punto muerto las diligencias. En su providencia, la juez razona que suspende temporalmente todo el auxilio judicial después de que el pasado martes la magistrada diera el primer paso para aplicar la medida de gracia y solicitara a la Fiscalía y a las partes que se pronunciaran acerca de la aplicabilidad de la nueva ley.

La aplicación de la amnistía

La norma que impulsó el Gobierno en connivencia con sus socios independentistas se centró en los delitos cometidos por Puigdemont, Junqueras y otros 'espadas' del independentismo por su causa por el procés. Sin embargo, la imputación por terrorismo obligó a encajar en la ley este tipo penal, especialmente grave en la Unión Europea.

El texto final que terminará estudiando el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) incluye en el paraguas de la amnistía las acciones del procés, a excepción de los hechos que hayan causado graves violaciones de derechos humanos, de acuerdo con lo recogido en los artículos 2 y 3 de la Convención Europea de Derechos Humanos (CEDH).

En este sentido, el instructor de la causa contra Tsunami sí vislumbra que los actos más graves de la plataforma -como el asedio al aeropuerto de El Prat- podrían tipificarse provisionalmente como delito de terrorismo. No obstante, la entrada en vigor de la amnistía paraliza el avance de las investigaciones y abre la vía a que todos estos procedimientos queden en papel mojado.

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