Las protestas contra la ley anti-aborto impulsada por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, también llegan desde el propio Ayuntamiento de Madrid, su anterior casa política. Aunque la alcaldesa de la capital, Ana Botella, ha salido en defensa de quien fuera su mentor, frente a otras voces del PP madrileño que han cuestionado el anteproyecto, como es el caso de la delegada del Gobierno, Cristina Cifuentes, no puede decirse que el texto haya tenido buena acogida en un organismo de su propia administración: el Consejo de las Mujeres del Municipio de Madrid.
Esta entidad, nacida en el último mandato de José María Álvarez del Manzano (PP), promueve desde el seno del Consistorio una oposición frontal a la derogación de facto de la Ley Aído que persigue la reforma lanzada por el Ejecutivo de Mariano Rajoy. Presidido por Lourdes Hernández Ossorno, este consejo, que aglutina a medio centenar de asociaciones de mujeres, tiene previsto sumarse a las próximas movilizaciones en la calle para exigir al Gobierno de la Nación que dé marcha atrás en la penalización de la interrupción voluntaria del embarazo.
Desde dicho organismo municipal se hacen eco de la convocatoria realizada por la Coordinadora Feminista Estatal para celebrar una reunión el 15 de febrero con todos los grupos de mujeres contrarios a la propuesta legislativa. Allí abordarán la posibilidad de organizar una manifestación estatal con apoyo internacional ante lo que consideran “un verdadero ataque a las mujeres en general y al movimiento feminista en particular”.
Desde su constitución el 22 de mayo de 2002, al ser aprobada en Pleno y por unanimidad la propuesta de creación que formuló la entonces Dirección de Servicios de Promoción de la Igualdad y Empleo, el Consejo de las Mujeres del Municipio de Madrid ha sobrevivido, según lamentan sus integrantes, a incumplimientos administrativos, como el impago de deudas contraídas por el Ayuntamiento, y a severos recortes en su capacidad operativa.
Gallardón prohibió en 2008 que el Consejo de las Mujeres del Municipio de Madrid recibiera subvenciones ajenas a las otorgadas por el Ayuntamiento y tampoco garantizó éstas
El 13 de febrero de 2008, con Gallardón al frente de la alcaldía, el Pleno del Ayuntamiento aprobó sólo con los votos del PP una importante modificación del reglamento del Consejo en lo relativo a su régimen económico. El Gobierno popular prohibió que esta entidad recibiera subvenciones ajenas a las del Consistorio y tampoco garantizó la concesión de éstas, puesto que suprimió el artículo que establecía una ayuda fija anual, con cargo al Presupuesto Municipal.
Igualmente, el Ejecutivo local cerró la puerta a que dicho organismo se financiara con donaciones de personas o entidades privadas, aportaciones de su asociadas o los rendimientos que pudieran generar las actividades propias. El Ejecutivo de Gallardón se limitó a redactar que “facilitaría los locales adecuados para que el Consejo pueda desarrollar sus actividades, proporcionando los medios necesarios para el adecuado cumplimiento de los fines que le son propios”.
Un par de años después, tras despojarle de dichos recursos, el hoy ministro de Justicia otorgó al Consejo de las Mujeres del Municipio de Madrid el premio honorífico Clara Campoamor que anualmente concede el Ayuntamiento de la capital coincidiendo con la celebración del Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo. El propio Gallardón, en calidad de alcalde, hizo entrega del galardón a la presidenta del organismo, Lourdes Hernández Ossorno.
La austeridad en el gasto
La llegada de Botella a la alcaldía ha traído pocos cambios respecto al tratamiento del Consejo. La regidora ha mantenido a esta entidad en la estructura municipal y no ha seguido los pasos de su compañera de filas y expresidenta madrileña, Esperanza Aguirre, quien eliminó en 2010 un órgano similar en el Gobierno autonómico como medida de ahorro. El Consejo de la Mujer de la Comunidad de Madrid había sido creado en 1993 y estaba formado por 143 asociaciones. El anunció llegó pocos días después de que se aprobaran los Presupuestos regionales para 2011, donde la cuantía destinada a dicho colectivo ascendía a 200.000 euros.
