La concejala socialista del Ayuntamiento de Madrid Ruth Porta no salía de su estupor la semana pasada: transcurridos siete meses del incendio de la M-30 del que todavía hoy poco se sabe y que segó la vida a dos operarios, la edil preguntó en comisión al exdelegado de Medio Ambiente Juan Antonio Gómez-Angulo (recientemente cesado) por la relación contractual entre Cibeles y Emesa, la empresa formada por Ferrovial (Rafael Del Pino), Dragados y API (ambas de Florentino Pérez), encargada del mantenimiento de la colosal circunvalación que rodea Madrid capital. La respuesta del exdelegado, que ha durado tres meses en el cargo, fue muy clara: “El importe abonado por Madrid Calle 30 [80% Ayuntamiento, 20% Emesa] por el pago de los servicios de conservación y explotación correspondientes a 2012 fue de 32.247.304, 77 euros”.
La cifra, que podía haber pasado desapercibida, escandalizó a Ruth Porta. Y es que el contrato -al que este medio ha tenido acceso- firmado en septiembre de 2005 entre la sociedad mixta Calle 30 y Emesa “relativo a ciertos servicios de conservación y explotación” no deja lugar a la duda: la cantidad a pagar por el Ayuntamiento “en el ejercicio 2008 y siguientes” asciende a 12.100.000, 20 millones menos de lo abonado. El bonus de 20 kilos a estas dos grandes firmas se produce en el mismo ejercicio en que fallecieron dos trabajadores de Emesa por inhalación de gases tóxicos durante el incendio.
El PSOE preguntó si ese 'bonus' se dio también en los últimos años. El PP no respondió.
En el transcurso de la comisión de Medio Ambiente, recogida en el diario de sesiones, la concejala del PSOE sugirió que el Ayuntamiento, que por su condición de accionista mayoritario es quien en realidad toma las decisiones en Calle 30, ha venido abonando cantidades similares a estas dos constructoras en los últimos años. “Usted me ha dado una cifra que, efectivamente, revela que la empresa ha cobrado más del doble, si no lo he pillado mal. ¡Alucinante!”, espetó Porta. “¿Y por qué? Me lo podrá usted explicar, porque esto ha ocurrido todos los años, no el último, ¿eh?”.
Hasta la fecha, nadie en el Ayuntamiento (Gómez-Angulo ha tenido que dimitir por una orden del Constitucional que obliga a dejar el equipo de Gobierno a todos los concejales no electos en listas) ha dado explicaciones al respecto. Desde el incidente, toda la oposición en bloque (PSOE, IU y UPyD) exige a Medio Ambiente que rompa la relación con Emesa. “Está empezando a oler a que existe una clara connivencia entre el Ayuntamiento y Emesa, ya que ni siquiera se ha anunciado la penalización al contrato que especifican los pliegos, ni ningún expediente de infracción”, denunció Porta en otro turno dela comisión.
Los datos solo apuntan a una cosa: la negligencia sistemática de Emesa.
Por lo que se ha filtrado hasta ahora del incendio del pasado 26 de octubre a partir de los partes policiales y del informe de los bomberos, todo apunta a que Emesa actuó de manera negligente. El sistema de protección de incendios del pozo número cuatro, en cuyo interior se desencadenó la tragedia, no funcionaba; tampoco las bombas de nitrógeno ni el compresor que esparciría este gas. Además, en otros cuatro pozos se detectaron fallos similares. Y el informe de los bomberos habla de la “reticencia del personal de Calle 30 a acatar nuestras indicaciones”.
El equipo de la alcaldesa, Ana Botella, guarda un mutismo inquietante sobre este asunto. También las firmas de Florentino Pérez y de Rafael Del Pino jr. El Ayuntamiento acaba de licitar una auditoría externa para inspeccionar las instalaciones por 250.000 euros, a pesar de que ya cuenta con la auditoría del segundo semestre del año pasado que realizó Acciona y con informes de los servicios de emergencias antes citados.
Única autopista del país situada dentro del límite de una ciudad, la M-30 también es la vía española más transitada. Y la más cara: sobrecoste incluido, los más de 8.000 millones de euros que enterró el exalcalde Alberto Ruiz-Gallardón en la obra hicieron de la capital la ciudad más endeudada con diferencia. La deuda de Madrid es la deuda de la M-30.
