El Ejecutivo ha dejado en evidencia a la alcaldesa de Madrid, Ana Botella, y por extensión, al ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, que apoya el plan de la regidora para alejar las manifestaciones del centro de Madrid. En Moncloa no contemplan esta medida y ni siquiera se han dado instrucciones para estudiar su alcance y recorrido.
El Gobierno no se plantea limitar las protestas e imitar a otras grandes ciudades como París, sino que trabaja para que en ellas se respete los derechos de todos los ciudadanos, tanto de quienes las secundan pacíficamente como de los que no participan en ellas. La idea de Botella, que llegó a pedir esta semana una reunión formal con la delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, para abordar el asunto, pasa por acogerse a la declaración de Bien de Interés Cultural (BIC) de la zona centro de Madrid para desviar de la misma las manifestaciones. Ello blindaría, por ejemplo, la Puerta del Sol o la calle Génova, donde se ubica la sede nacional del PP, puntos que han registrado un alto número de protestas desde que los populares llegaran al poder.
De forma implícita, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, echó ayer por tierra la propuesta de la alcaldesa en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Santamaría afirmó que el Ejecutivo "no ha reclamado ninguna posición jurídica" al Ministerio del Interior ni al Ministerio de Justicia sobre esta cuestión, "ni se está trabajando en este sentido".
La estrategia del Gobierno no va en la dirección que pretende Botella, sino “en conciliar su uso con los derechos de los ciudadanos que no participan en las protestas”, recalcó la ‘número dos’ de Mariano Rajoy en el Ejecutivo. Tras explicar que a lo largo de la democracia se ha debatido, "y mucho", sobre el derecho de manifestación, la vicepresidenta señaló que cada protesta es analizada por el Ministerio del Interior y la Delegación del Gobierno afectada para ver de qué manera los itinerarios "perjudican lo menos posible al resto de los ciudadanos".
"En este derecho y en su ejercicio --explicó-- vamos a buscar en todo momento y en cada manifestación concreta, de qué manera, preservando el derecho de manifestación, preservamos también los derechos y las libertades del resto de los ciudadanos para que se vean lo menos perjudicados posibles".
Cifuentes sale reforzada
Tales palabras son un respaldo en toda regla a la postura mantenida por la delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, quien desde primera hora no ha compartido la idea de Botella. Cifuentes, que suena en las quinielas como candidata del PP al Ayuntamiento de Madrid, en detrimento de Botella, ha recordado que el derecho de manifestación está recogido en la Constitución y que las marchas no requieren autorización previa de su departamento, sino sólo comunicación.
Por su parte, el ministro del Interior tampoco ha quedado en buen lugar tras la posición fijada por Moncloa, ya que Fernández Díaz llegó a calificar de “atinada” la iniciativa de Botella.
En relación a los sucesos de pasado sábado al término de las ‘Marchas por la Dignidad’, la Fiscalía ha presentado un recurso contra el auto del Juzgado de Instrucción 36 de Madrid que acordó la libertad de un detenido.
