Dos años se ha tomado el Gobierno para recuperar el control de los principales órganos de la Justicia española. Esta semana se ha cerrado el círculo con la designación, por parte del CGPJ, de José Ramón Navarro como presidente de la Audiencia Nacional. Navarro, un juez conservador, proveniente del tercer turno (no ha hecho oposiciones) que había sido designado hace unos meses al frente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Navarro sustituye a Ángel Juanes, miembro de jueces paa la Democracia, asociación de orientación 'progresista', según la jerga al uso en la familia judicial.
Con este relevo queda completado el cuadro de la gran mudanza en el vértice de la Justicia española, cuyo punto de inflexión fue la llegada de Carlos Lesmes al frente del Consejo General del Poder Judicial y del Supremo. Lesmes sutituyó al progresista Gonzalo Moliner, quien apenas ejerció un interinazgo de año y medio. Otro paso importante fue la elección del también conservador Francisco Pérez de los Cobos al frente del Tribunal Constitucional, donde ha quedado formada una mayoría de 7 a 5 en favor de los conservadores, con la incorporación de los magistrados Pedro González Trevijano, Enrique López y Santiago Martínes Vares y el progresita Juan Antonio Xiol. El reciente fallo contra la proclama independentista catalana es buen ejemplo de cómo ha quedado el reparto de la sintonía política en el TC.
Órganos bajo control
De esta forma, la empresa que se planteó Alberto Ruiz-Gallardón desde su aterrizaje en el ministerio ha tocado la cima. El adscripción ideológica de los principales órganos jurisdiccionales ha dado un giro de 180 grados, ahora situados en la órbita del PP: el CGPJ, Tribunal Supremo, Tribunal Constitucional, Audiencia Nacional y, por supuesto, la Fiscalía General del Estado al frente de la cual situó a Eduardo Torres-Dulce, un profesional independiente pero de marcada tendencia conservadora. La Fiscalía, no obstante, es una instancia dependiente orgánicamente del Gobierno.
Habría que añadir a estas instancias a la Agencia Tributaria, cuyo director, Santiago Menéndez, pasa por ser un hombre próximo tanto a Génova como a la Zarzuela. Su actuación durante una fase de la instrucción del caso Nóos levantó enorme revuelo y no pocas sospechas. La Agencia Tributaria, como la Audiencia Nacional, son instancias fundamentales a la hora de acotar y perseguir los casos de corrupción política y económica ne nuestro país.
La gran reforma
De esta manera ha quedado consumado el asalto del PP a los órganos judiciales, igual que en su momento hizo el zapaterismo. Gallardón, sin embargo, dio un paso cualitativo importante al impulsar la ley de la reforma del Consejo General del Poder Judicial, el llamado 'gobierno de los jueces', que implicaba un control casi decisivo sobre este organismo.
El ministro de Justicia había llegado al ministerio con la promesa de defender la separación de poderes, de salvaguardar a la Justicia de la injerencia de la política y de defender el nombramiento de los jueces por la vía profesional. Pero tras el episodio de Carlos Dívar, el presidente del Supremo involucrado de actividades económicas casi anecdóticas, aunque poco honorables, Gallardón cambió de parecer. Cayó en la cuenta de que el CGPJ resultaba difícilmente controlable y que ni siquiera la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), de perfil conservador, atendía sus sugerencias. Los gremios de los jueces iban cada uno a lo suyo, con sus intereses y sus necesidades, y raramente se mostraban sensibles a las sugerencias que llegaban desde Justicia.
Gremialismo judicial
El sindicalismo judicial hacía de su capa un sayo. Gallardó decidió, así, cortar por lo sano. Abordó la reforma en profundidad del Consejo tras un pacto con Rubalcaba y las minorías nacionalistas. Le limitó las funciones, dividió a sus vocales en dos grupos, uno de ellos, una especie de 'sanedrín' directivo, compuesto por cinco vocales con dedicación exclusiva y salario completo. El otro grupo sólo cobraría dietas por asistencia. La nueva estructura quedaba mucho más manejable. Algo fundamental ya que el CGPJ no sólo premia y castiga a los jueces sino que efectúa nombramientos, ascensos, promociones... PP y PSOE pactaron la renovación del Consejo con el apoyo de los nacionalistas, que se repartieron luego los sillones vacantes. El sueño dorado de una Justicia alejada del fragor de la política, quedaba en un espejismo.
"La derecha suele olvidarse de que hay dos instancias fundamentales para una gestión de Gobierno. Una es la Justicia y la otra son los medios de comunicación. Y siempre lo ha hecho mal". Este comentario de un miembro del actual Gabinete de Rajoy, deja de estar en vigor. Al menos en lo que hace a la Justicia. Esta semana, con el cambio en la Audiencia Nacional, el trabajo se ha cumplido. En cuanto a los medios de comunicación, habría que recordar que en los últimos meses han ocurrido cambios en las direcciones de tres diarios de difusión nacional. Justicia y medios de comunicación. ¿La reconquista?
