En el noveno día de la huelga de limpieza viaria en Madrid, Ana Botella ha dado un ultimátum a los sindicatos porque, según ella, no cumplen los servicios mínimos: si no lo hacen, los denunciará a la Fiscalía y el Ayuntamiento asumirá el control, par lo que contratará a la empresa pública Tragsa. Aquí surgen dos problemas: uno, que los sindicatos convocantes, entre los que están CCOO y UGT, aseguran que cubren escrupulosamente esos servicios mínimos y que los actos vandálicos son marginales. El otro, que Tragsa y su filial Tragsatec atraviesan un conflicto laboral que nada tiene que 'envidiar' al que protagonizan sus compañeros de las contratas de limpieza de la capital.
El grupo Tragsa es un holding controlado por la Sepi que se encarga de una gran variedad de servicios, que van de la agricultura, la ganadería o la pesca al mantenimiento de infraestructuras. Hace cinco días, cerca del 80% de los empleados (50% según la empresa) de Tragsa y Tragsatec secundaron una huelga “masiva”, según las centrales. El motivo fue el ERE que pretende aplicar la dirección sobre 1.639 trabajadores, el 17% de una plantilla de casi 10.000 personas. La misma tarde del miércoles en la que Botella ha hecho el anuncio, el comité de empresa debatía qué hacer, por no perjudicar de hecho a sus colegas del Ayuntamiento.
El Comité Intercentros de Tragsa se ha pronunciado y ha sido claro: no podrá realizar las tareas de limpieza en las calles de Madrid porque "la mayoría" de sus trabajadores "van a ser despedidos". "¿O es que la dirección de Tragsa se va a poner el mono de faena para hacerlo?", se pregunta el Comité Intercentros, que expresa su "total apoyo" a las "justas reivindicaciones" de los trabajadores de la limpieza de Madrid. "No estamos dispuestos a participar en las artimañas de la alcaldesa, incapaz de gestionar ningún tipo de conflicto, entre otros este de la limpieza", ha concluido.
Tercera crisis de Botella
De ser así, algo que este medio ha sabido a través de fuentes de UGT, a la regidora le saldría el tiro por la culata. El PSOE de Jaime Lissavetzky ha salido al paso tras el ultimátum de Botella, quien parece haberse activado después de que hayan pasado bastantes días y hayan llovido las críticas por parte de varios medios extranjeros.
“Si hay razones para nacionalizar los servicios, hay razones para municipalizarlos”, clama Ruth Porta (PSOE), evocando los tiempos, no tan lejanos, en los que era el propio Consistorio el que se encargaba de la limpieza y no las subcontratas. “Si hay razones para rescindir parcialmente el contrato de las adjudicatarias, también hay razones para rescindirlo completamente”.
Varios concejales del PP critican a este medio sin ningún pudor el papel jugado por la alcaldesa durante la huelga. La acusan de no haber dado siquiera señales de vida los primeros días, cuando podía haber tomado las riendas en el asunto. Los presidentes de los 21 distritos aplacan como pueden el descontento, que fundamentalmente procede de las clases comerciantes. Parece que la crisis de la limpieza es el tercer punto de inflexión de Ana Botella, tras la tragedia del Madrid Arena y la derrota olímpica. Y tres son muchos.
