El tribunal de la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Sevilla que ha anulado el auto en que la juez Mercedes Alaya abrió la puerta de la imputación para los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán, junto a cinco exconsejeros de la Junta, tiene como ponente a Juan Romeo Laguna. Los otros magistrados que firman la resolución son Javier González Fernández, Esperanza Jiménez Mantecón y Enrique García-López Corchado. Si bien en esta causa, donde se investiga la trama de los ERE fraudulentos, ejercen la acusación el Partido Popular y el sindicato Manos Limpias, la redacción de este controvertido auto ha recaído en Romeo, quien se ha caracterizado por ser especialmente crítico con el Gobierno del PP y con el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, por su reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
En el ámbito de judicatura sevillana, según fuentes judiciales consultadas por Vozpópuli, Romeo es conocido como un veterano 'militante' del sector progresista, lo que le ha llevado a ser portavoz de Jueces para la Democracia (JpD) en Andalucía Occidental. Pata negra de los togados que se mueven en los círculos más próximos al Partido Socialista, añaden las mismas fuentes, Romeo no ha dudado en arremeter duramente contra la gestión de Ruiz-Gallardón. De este modo, en el parón de protesta contra el Gobierno organizado a nivel nacional el pasado diciembre, se puso a la cabeza de los más de 200 jueces, fiscales, abogados y funcionarios de Justicia que se concentraron a las puertas de la Audiencia de Sevilla
Tales protesta, afirmó Romeo, fueron una “consecuencia lógica del ataque tan frontal que por parte del Ministerio se está realizando a la Administración de Justicia, limando tanto la independencia del Poder Judicial, la autonomía del Ministerio Fiscal, con recortes en personal y también un recorte muy importante en la tutela judicial efectiva a través de las tasas judiciales tan enormes, desproporcionadas e irracionales que se han marcado”.
Romeo Laguna fue uno de los 55 magistrados y fiscales que firmaron en abril de 2010 el manifiesto contra la causa abierta a Garzón por investigar los crímenes del franquismo
Asimismo, este juez progresista tiene buena relación, apuntan las fuentes citadas, con el exinstructor de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, condenado por prevaricación. Romeo, revelan, siempre le ha defendido con ardor, hasta el punto de que fue uno de los 55 magistrados y fiscales que firmaron en abril de 2010 aquel polémico manifiesto en el que tildaban a los integrantes del Tribunal Supremo de “herederos del franquismo y defensores de su memoria” por enjuiciar a su amigo.
Estampando su rúbrica junto a la de otros incondicionales de Garzón como los exfiscales José María Mena y Carlos Jiménez Villarejo, Romeu justificó la investigación del exinstructor sobre los crímenes del franquismo porque “suponía irrumpir en un espacio hasta entonces vedado para la jurisdicción”. “La ley de memoria histórica parte del reconocimiento de esa deuda, pero no ofrece una solución satisfactoria para las demandas de verdad, justicia y reparación de las víctimas del franquismo”, suscribió.
En sintonía con la Fiscalía
La Sección Séptima de la Audiencia ha estimado así el recurso interpuesto por la Fiscalía Anticorrupción ante la falta de motivación del auto que dictó Alaya el pasado mes de septiembre y ha dejado éste sin efecto para que la juez redacte una nueva resolución donde se motiven mejor los hechos que atribuye a los aforados mencionados.
El Ministerio Público había solicitado la nulidad de la resolución de la juez y el dictado de un nuevo auto en el que la instructora concretara los motivos "por los que cada uno de los aforados puede ser objeto de investigación", dado que al no hacerlo "genera la misma indefensión que pretende evitar". Tal escrito de la Fiscalía lo firmaron el tándem Juan Enrique Egocheaga y Manuel Fernández Guerra.
El primero de estos nombres no es nada desconocido para la propia Mercedes Alaya, puesto que ya intentó apartarla de la instrucción del caso Mercasevilla, que desembocó en el escándalo de las falsas prejubilaciones. Egocheaga esgrimió en 2010 una supuesta incompatibilidad de la tarea de la juez con el historial laboral de su marido, Jorge Castro, exauditor de la empresa municipal sevillana hasta 2002 a través de la consultora KPMG.
