El Ejido se ha convertido en un lugar recurrente para el Gobierno de Sánchez donde llevar los inmigrantes que traslada desde las Islas Canarias por la saturación de estas. No obstante, resulta paradójico, que los lleve precisamente a esta localidad almeriense donde un 60% de la población local son inmigrantes. Según fuentes del Ayuntamiento ejidense, de los más de 90.000 censados en el municipio a 1 de enero de 2024, 36.000 son inmigrantes. No obstante, muchos de ellos, 22.377 tienen un contrato de trabajo según recoge la Junta de Andalucía en sus datos del SIMA. Sin embargo, los que son trasladados por el Gobierno, no tienen contrato ni posibilidad de obtenerlo, puesto que se encuentran en situación irregular, y no podrían acceder al mercado laboral de forma legal, hasta que no hayan transcurrido tres años desde su llegada a territorio español.
Por estos motivos, el alcalde de El Ejido Francisco Góngora rechazaba rotundamente el modelo del gobierno de "convertir los hoteles en centros de internamiento de puertas abiertas para migrantes procedentes de Canarias en municipios como el suyo, una zona saturada ya por la inmigración ilegal".
El alcalde convocó una rueda de prensa después de que se habilitaran 200 plazas en un hotel de El Ejido para acoger a estos inmigrantes procedentes de Canarias. ”No queremos a miles de inmigrantes abocados a la marginalidad durante años. No queremos el efecto llamada que genera la inacción y a veces la acción de este Gobierno. Queremos que se atienda el interés general”.
Góngora, que sabe de lo que habla puesto que su municipio es de los que más inmigrantes tiene entre sus vecinos, asegura que las practicas del Gobierno de Pedro Sánchez, de utilizar el dinero de Europa para las políticas migratorias en alquilar hoteles y desplazar inmigrantes en situaciones ilegales de una zona saturada a otra zona más saturada es sin duda un fracaso. "Que nadie me niegue que la inmigración ilegal no tiene ningún tipo de relación con la marginalidad, porque la tiene y eso es innegable", ha manifestado Góngora, quien ha insistido que los migrantes que alcanzan las costas de Almería de manera irregular "llegan, se ponen en libertad y campan entre comillas durante tres años", según ha observado, "sin poder trabajar, al menos, legalmente antes de poder iniciar un periplo para poder legalizar su situación".
Los datos dan la razón al alcalde de El Ejido y es que no hace mucho el Ayuntamiento se vio obligado a demoler más de 1.200 infraviviendas. Góngora, afirma que "al rechazar estas cuestiones así como las okupaciones, él no está estableciendo relaciones. Los datos son datos y son muy objetivos".
El buenísimo solidario es un problema
Sin expedientes de expulsión ni repatriaciones “porque el Gobierno los ha congelado”, además de no construir ningún centro de internamiento de inmigrantes, y utilizar hoteles para dicho fin, el alcalde de El Ejido asegura que a su juicio la política migratoria del Gobierno es un “completo desastre y que provoca un crecimiento desmesurado y exponencial de la inmigración ilegal con un efecto llamada clarísimo a través ahora de narcolanchas express y con un "buenismo solidario que pierde de vista la viabilidad y la cohesión social".
La impunidad con la que las lanchas rápidas trasladan inmigrantes y los dejan en las costas almerienses “es una invitación o lo parece", además de asegurar que el lucrativo negocio de estas lanchas se salda con cero detenciones, por tanto es un negocio rentable para las mafias que lo único que provoca es más inmigración incontrolada por las calles del municipio.
Insta al subdelegado del Gobierno que rectifique sus calificativos
El subdelegado del Gobierno, ha asegurado en unas declaraciones recientes que el primer edil había mostrado "su racismo y su xenofobia desde la casa de todos los ejidenses al asumir el discurso más duro y más radical de la ultraderecha, vinculando alos inmigrantes con chabolismo, con inseguridad, con insalubridad y con ocupación ilegal de viviendas". Por ello, Góngora ha pedido una rectificación inmediata de estas palabras. "Creo que se han columpiado y se han pasado 20 pueblos y le pido que borre de su diccionario la palabra racista" al referirse a El Ejido y al alcalde así como que "no juegue con ese tipo de términos en un municipio como el nuestro, que es el suyo".
También ha pedido al subdelegado que ponga "fecha de caducidad al alojamiento orquestado en EjidoHotel en un ejercicio de responsabilidad, lealtad y de transparencia, primando el interés general de El Ejido”. Y teniendo en cuenta también el de la asociación de vecinos 'Surtidor de Góngora', de Santo Domingo, porque les han mostrado "su preocupación por la situación".
Para Góngora, el subdelegado debe ”hacerse respetar”. Además, según considera el edil ejidense su labor es "trasladar las necesidades, las oportunidades, las inconveniencias que puede tener un territorio ante decisiones como habilitar un recurso habitacional para migrantes en El Ejido de modo que estas como mínimo, no perjudiquen y a partir de ahí, si puede ser, que vayan mejorando nuestra sociedad".
Góngora ha señalado también la falta de medios en la Guardia Civil para controlar las costas. “Creo que cada uno tiene que atender su responsabilidad y tiene que dar la cara antes de reclamar, al menos, ser honesto, ser sincero, pelear las cosas que no son buenas para El Ejido”.
El objetivo del alcalde es la cohesión en el municipio
El reto más complejo y difícil al que se enfrenta el alcalde de esta localidad almeriense es la “cohesión social”, pa ra lo que asegura que “no es lo mismo poner límites que ser insolidario”. Góngora ha apostillado que “ni siquiera hablo de integración, aunque es un término que se puede utilizar. Que podamos vivir, convivir dentro de una cohesión social y progreso para todos, huyendo de la marginalidad, ese es el principal reto para que no se pierda de vista el interés general y la viabilidad de una sociedad".
Según confirma el alcalde, en El Ejido se apuesta "por la integración y la convivencia al cien por cien trabajando de forma muy trasversal con la población, con personas y familias trabajadoras, con sus hijos perfectamente escolarizados, con acceso a todos los servicios públicos, como es la sanidad, la educación, los servicios sociales, la práctica del deporte que han accedido a la vivienda, familias que han progresado y siguen progresando".
