La muerte de dos guardia civiles asesinados tras ser arrollados por una narcolancha en Barbate, hace sólo dos meses, ponía de manifiesto los escasos medios de los que disponen en Andalucía para luchar contra estas mafias. Por ello, la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial se ha trasladado este jueves a la capital gaditana para analizar, junto a los presidentes de las Audiencias de Cádiz y Huelva, las dos provincias a las que más daño hace el narcotráfico en la actualidad, y los jueces decanos, la complicada situación que viven sus partidos judiciales.
Vicente Guilarte, presidente del CGPJ, ya reivindicó más medios en su llegada a Cádiz el pasado domingo. Y es que según Guilarte, los jueces a los que les toca combatir la lacra del narcotráfico y luchar contra estas mafias, están altamente cualificados y soportan una enorme sobrecarga de trabajo. Por ello, este mismo jueves y tras mantener las primeras reuniones ha anunciado medidas de refuerzo para ellos.
Una de las primeras medidas es la adscripción de la jueza sustituta María Eulalia Chanfreut, a los juzgados de Instancia e Instrucción número 1 y 2 de Barbate. La medida, según ha explicado, tiene como objetivo “reforzar la jurisdicción penal en esos órganos, donde se instruye la muerte de estos dos agentes, y agilizar así el trámite de las macrocausas que en ellos se investigan, conforme al plan de actuación que establezca la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA)”.
Para implantar esta medida, el CGPJ, cuenta ya con la autorización económica del Ministerio de Justicia y se acordará en el plazo de seis meses, renovables, desde la incorporación de la comisionada. Este refuerzo, propuesto por el TSJA en febrero, ha recibido el informe favorable del Servicio de Inspección del CGPJ, que ha elaborado un estudio sobre la carga de los partidos judiciales de Cádiz y Huelva, donde más está golpeando el narcotráfico.
En materia penal duplica la media nacional
Según los datos recabados por la Inspección, la carga de trabajo global tanto civil como penal, supera en todos estos partidos los indicadores establecidos por el CGPJ, con la única excepción puntual de Barbate en 2023, donde fue del 96,4%.
Por otra parte, las disputas en todos los órganos son elevadas, ya que en materia civil, la media es de 945,5 asuntos, superior a la nacional, que es de 765,4, y en materia penal es de 774,4, duplicando la media nacional, de 374,2. Esto, según destaca CGPJ, “no es consecuencia de la falta de dedicación o escaso rendimiento, que vistas las cifras anteriores es elevado”. También los tiempos de respuesta de los procedimientos penales son superiores a las medias de la Comunidad autónoma de Andalucía y nacional.
Unificar partidos judiciales en Algeciras
Para dar respuesta a estos problemas, propone unificar los partidos judiciales de Algeciras, La Línea de la Concepción y San Roque, crear un nuevo Juzgado de Primera Instancia e Instrucción en Sanlúcar de Barrameda y Moguer, en Huelva, y adoptar medidas de refuerzo extraordinarias, como la aprobada ayer para los juzgados de Barbate, en los órganos judiciales de este partido y de los de La Línea de la Concepción, Sanlúcar de Barrameda en la provincia de Cádiz y Ayamonte y Moguer, en la provincia de Huelva.
En cuanto a la situación de las secciones de la Audiencia Provincial a las que corresponde el enjuiciamiento de los delitos contra la salud pública y de blanqueo de capitales, la Inspección advierte de "la elevada carga de trabajo que soporta la Sección Séptima, con sede en Algeciras, que fue del 133% en 2022 y del 120% en 2023, y añade que, pese al elevando rendimiento de sus magistrados (116% en 2022 y 100% en 2023), no se logra absorber la entrada de asuntos, acumulando pendencia e incrementando el tiempo de respuesta". Se propone por ello crear una nueva sección en la Audiencia Provincial de Cádiz, la número nueve, con sede en Algeciras y especializada en el orden penal.
El blanqueo de capitales y el narcotráfico 'eternizan' las causas
El informe hace hincapié además en que la complejidad de las causas por delitos de narcotráfico y de blanqueo de capitales se deriva tanto de las dificultades para su investigación como del elevado número de investigados y/o testigos. Las primeras se refieren esencialmente al contenido de las diligencias acordadas judicialmente y su control posterior, como intervenciones telefónicas, registros, incautación de efectos, medidas cautelares de carácter patrimonial o pruebas periciales contables. El elevado número de investigados es consecuencia de la presencia de organizaciones criminales con estructuras propias y la toma de declaración a estos ocupa un tiempo muy considerable en la práctica judicial diaria.
Para afrontar con celeridad estos procedimientos, concluye el Servicio de Inspección del CGPJ, "se precisa de medios personales y materiales superiores a los actuales, pero también sería necesario un aumento de la coordinación de los titulares de los juzgados con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, así como poner solución a algunas de las deficiencias detectadas, como la necesidad de desplazamiento físico a Cádiz para realizar pruebas preconstituidas con menores (por falta de sala Gesell en algunos partidos judiciales), problemas para la designación de abogados de oficio, demoras en la emisión de informes psicosociales y del Instituto de Medicina Legal o de informes periciales sobre embarcaciones neumáticas dedicadas al narcotráfico y retrasos en el volcado de teléfonos móviles".
