Javier Gómez Verjel, consejero del Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda, comparecía hace unos días en el Parlamento de Andalucía para informar del Proyecto de Ley de Presupuestos de Andalucía para 2024. Todo ello a falta del que a falta de que el nuevo el Gobierno de España concrete los detalles en un anteproyecto de ley, las estimaciones de los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) apuntan a que el Estado condonaría deuda por 57.771 millones de euros a todas las comunidades autónomas, por lo que el importe que se adjudicaría a Andalucía representaría el 10% del total de todas las comunidades.
Desde Gestha se ha señalado que la cancelación de deudas autonómicas por el Estado no altera la cifra del endeudamiento público de España con el exterior porque es un simple ajuste interno entre Administraciones públicas, y tampoco se verían afectados los compromisos de endeudamiento pactados con la Unión Europea. Así, en clave interna, las CCAA reducirían una parte del coste de intereses y alcanzarían mejor el objetivo de déficit, y el Estado podría verse afectado en menor medida si necesita endeudarse para realizar las transferencias a determinadas Comunidades para que cancelen una parte de las deudas con terceros.
Los Técnicos del Ministerio de Hacienda proponen un nuevo acuerdo de financiación basado en los informes de los tres grupos de expertos fiscalistas que se han sucedido de 2014 a 2022 que proponen que la capacidad normativa de las comunidades autónomas tenga un margen mínimo y máximo de tributación por los impuestos estatales cedidos, con la finalidad de preservar un nivel aceptable de equidad e igualdad de los contribuyentes con independencia de su lugar de residencia.
Quitar la bonificación del Impuesto de Sucesiones
Gómez Verjel, ha planteado a los portavoces de los grupos parlamentarios andaluces la opción de recuperar la recaudación del Impuesto de Patrimonio perdida por la bonificación del 100% de la cuota, aprobada por el Gobierno de Andalucía el 20 de septiembre del pasado año, y que, en cambio, está recaudando el Estado con el Impuesto Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas (ITSGF) que se exige a personas con un patrimonio neto individual superior a tres millones de euros cuando el Impuesto de Patrimonio está bonificado.
El consejero de Gestha, ha expuesto a los parlamentarios andaluces la medida aprobada por el Gobierno de la Región de Murcia de elevar el mínimo exento del IP hasta un máximo de 3,7 millones de euros, sin que hayan aprobado ninguna bonificación. Y es que el Tribunal Constitucional avaló el día 7 de este mes la continuidad del ITSGF y el acuerdo de gobierno de coalición quiere avanzar hacia una nueva tributación de la riqueza en el nuevo sistema de financiación autonómica que se acuerde en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, órgano que reúne a todas las CCAA de régimen común.
Finalmente, Gómez Vergel ha advertido de la escasa dotación del personal funcionario de la Agencia Tributaria de Andalucía (ATRIAN) a la vista de los documentos que acompañan al Proyecto de Presupuesto para 2024, situación de la que ya alertó en el Presupuesto de 2023.
