La detención de Karín El Baqqali, el presunto asesino de David Pérez y Miguel Ángel González, los dos Guardias Civiles atropellados en Barbate por una narcolancha, es un alivio. La noticia está siendo desglosada por el ministro Marlaska y por el representante del Gobierno en Andalucía.  

El delegado autonómico, Pedro Fernández, enfatiza la importante colaboración de Marruecos, donde se ocultaba el presunto asesino. En el Campo de Gibraltar, donde el asesinato del 9 de febrero cayó como una losa por el peso del estigma, la captura también es celebrada. "Hoy un gran día para este país”, dicen desde la coordinadora antidroga Alternativas del Campo de Gibraltar. 

Pero el mensaje es menos exultante si se consulta a los uniformados. De hecho, el tono es sombrío. “Claro que –la detención- es un alivio, pero esta noticia solo nos empuja a seguir reivindicando: no podemos permitir que jueguen con nuestra vida”, nos dice al teléfono el Guardia Civil Raúl Buzón, de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) en Sevilla. 

AUGC es la principal asociación de los Guardias Civiles. Ya tras las declaraciones de los 4 supervivientes del 9 de febrero, a la luz del relato de los hechos, AUGC se personó como acusación particular contra las negligencias que resultaron en la muerte de dos hombres. “Esta detención no es el final de nada. Esta historia no concluye, aquí hay que depurar responsabilidades”, dice Buzón. 

Denuncian falta de medios

El sindicato se mantiene firme y exige responsabilidades a sus superiores. Consideran que se produjo un delito contra los derechos de los trabajadores por la inaceptable configuración del servicio, con una cadena de mando plagada de errores de coordinación, falta de medios. “Un jefe tiene que ser responsable de que podamos trabajar sin poner en riesgo nuestra vida, lo que pasó no puede volver a repetirse. Hay que depurar responsabilidades, no puede volver a suceder que unos compañeros se jueguen la vida en una lanchita”, dice Buzón. 

No están solos. La Asociación Profesional de la Guardia Civil (Jucil) también cree que debe "haber responsabilidad en todos los niveles", apuntando a los responsables de enviar a los guardias civiles a una misión "sin los medios necesarios para garantizar su seguridad".  

Jucil ya solicitó la dimisión del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y del entonces director general de la Guardia Civil, Leonardo Marcos. Ahora, también empujan para que la tragedia del puerto de Barbate propicie una depuración de responsabilidades "profunda". 

Jucil, de hecho, mantiene su exigencia de una comisión de investigación en el Congreso de los Diputados, para determinar las posibles responsabilidades políticas "más allá de las responsabilidades penales que se investigan".  

Este caso se añade al malestar que este verano están provocando las escenas vividas en Ceuta. También allí los cuerpos de seguridad denuncian deficiencias e indefensión por los intentos de acceso a la valla. Incluso, aluden a los mandatos constitucionales de defensa de la integridad territorial y de las fronteras del país, para denunciar la falta de recursos y apoyo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado 
Las entidades de representación de los uniformados consultados, tanto de Guardia Civil como de Policía Nacional e incluso cuerpos de seguridad autonómica, como la Policía Portuaria, llevan tiempo reivindicando que el Campo de Gibraltar y parte de Andalucía sea referenciada como Zona de Especial Singularidad.  

Muchos se plantean que más necesita una región para recibir esta atención especial. La expansión y el área de influencia del narco confirma que la respuesta actual no es suficiente. 

• Tags
• Asesinatos
• Cádiz
• Fernando Grande-Marlaska
• Gibraltar
• Guardia Civil