A punto de cumplirse el primer aniversario del referéndum celebrado el 1 de octubre en Cataluña, y suspendido por el Tribunal Constitucional, el sistema judicial español encara un nuevo curso con el punto de mira puesto en los líderes políticos que impulsaron aquella votación. Nueve personas están encarceladas de manera preventiva por este hecho, y siete más se encuentran fugadas en diversos países europeos.
El último varapalo para el expresidente catalán Carles Puigdemont y los exconsellers huidos llegó el pasado martes. La Fiscalía del Tribunal Supremo rechazó el expediente de recusación por el que varios de los investigados por el 'procés' independentista en Cataluña que se sustancia en el Tribunal Supremo pretenden apartar a los cinco magistrados que integran la Sala que les juzgará.
Los próximos pasos a dar son el cierre de la instrucción y fijar la fecha de la apertura del juicio oral para que, una vez presentadas las alegaciones correspondientes, se pueda fijar la fecha del juicio, que se espera no se demore más allá de finales de este año.
Quiénes serán juzgados
Sólo 18 de los 25 procesados se sentarán en el banquillo de los acusados por la votación del 1-O, los hechos violentos que se devinieron de la misma y por la declaración de independencia ‘en falso’ del 10 de octubre. De esos 18, a nueve se les atribuye un delito de rebelión -penado con hasta 25 años de cárcel-, entre los que están el expresident Puigdemont y el líder de ERC Oriol Junqueras y cinco exconsellers. Es el delito más grave por el que pueden ser condenados y que hasta ahora se ha sustentado en la tesis del Supremo sobre la existencia de violencia y la posibilidad de que exista una "rebelión sin armas".
Carles Puigdemont, los ex ‘consellers’ Toni Comín, Lluís Puig, Meritxell Serret y Clara Ponsatí y las entonces diputadas autonómicas Marta Rovira y Anna Gabriel se encuentran fugados en distintos países de Europa, por lo que no serán juzgados a menos que pisen territorio nacional antes de que finalice el juicio o los Estados en los que se encuentran decidan entregarlos a la Justicia española.
Entre los 18 que pasarán por el la Sala correspondiente del Tribunal Supremo están, además de Junqueras, la entonces presidenta del Parlament, Carme Forcadell, los líderes de las asociaciones independentistas Òmnium Cultural y ANC, Jordi Cuixart y Jordi Sànchez respectivamente y los integrantes del Govern en aquel momento Raül Romeva, Jordi Turull o Joaquim Forn son algunos del resto de políticos que serán juzgados.
El ‘brazo’ policial
También relacionado con el "procés", más bien con la vertiente policial, en otro tribunal a escasos metros del Supremo, en la Audiencia Nacional, avanzará la causa contra el mayor de los Mossos d'Esquadra Josep Lluis Trapero y sus jefes políticos, el exdirector del cuerpo policial Pere Soler y el exsecretario de Interior César Puig.
Procesados por sedición y organización criminal, la causa está a la espera de que se presenten los escritos de acusación y defensa y se abra juicio, lo que no quiere decir que la vista se vaya a celebrar pronto.
Casado, el otro gran horizonte judicial
El ‘procés’ no será el único frente judicial este año. El Tribunal Supremo decidirá este mes el futuro del nuevo presidente del Partido Popular, Pablo Casado, por el conocido como ‘caso Máster’. La instrucción de la causa comenzó en los juzgados de Plaza de Castilla de Madrid, pero al estar Casado aforado por su condición de diputado, la jueza decidió mandarla al Alto tribunal porque veía indicios de que Casado pudo verse favorecido "por su relevancia política e institucional".
Casado cursó el máster de Derecho Autonómico y Local de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) de Madrid, en 2008-2009, el mismo que el de su ex compañera de partido Cristina Cifuentes. La causa pivota entre varios nombres, entre los que destacan el director del curso de postgrado, Enrique Álvarez Conde, y el rector de la URJC, Javier Ramos.
La jueza Carmen Rodríguez-Medel investiga si en el Instituto de Derecho Público, dirigido por Álvarez Conde y donde se impartía el máster, se entregaban títulos a políticos y otros alumnos sin que estos acudiesen a clase y con un alto número de convalidaciones simplemente por el cargo que ostentaban.
El pasado mayo, tres alumnas que cursaron el posgrado con el presidente del PP fueron imputadas por lograr el diploma en condiciones ventajosas similares a las del líder popular: sin ir a clase y con multitud de convalidaciones. Son Alida Mas Taberner, subsecretaria de la consellería de Educación de la Generalitat Valenciana, bajo la presidencia de Francisco Camps; María Mateo Feito, hija de la exasesora de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid María Teresa Feito; y María Dolores Cancio Álvarez, que estaba vinculada al Instituto dirigido por Álvarez Conde.
Ratificacion de la condena a Rato
Pendiente del Supremo está también la esfera económica, expectante de conocer si el alto tribunal ratifica la condena de cuatro años y medio de cárcel para el exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato por apropiación indebida en el caso de las tarjetas "black" de Caja Madrid, informa Europa Press.
De confirmarse la sentencia de la Audiencia Nacional, el exministro de Economía podría ingresar en prisión poco antes de que en noviembre dé comienzo su segundo gran proceso pendiente, el juicio de la salida a Bolsa de Bankia, en el que se enfrenta a cinco años de cárcel por estafa a los inversores.
