Anticorrupción ha recurrido el archivo decretado en la investigación del caso del 3% relativa al presunto blanqueo de capitales. El Ministerio Público rebate el criterio del magistrado Santiago Pedraz y sostiene que esta pieza debería prorrogarse unos meses más ante los indicios de que las donaciones por cerca de 1,7 millones de euros que recibió Convergència Democrática de Catalunya (CDC) eran ilícitas y buscarían aflorar dinero negro.
La Fiscalía explica en su recurso, al que ha tenido acceso Vozpópuli, que concurren "datos objetivos" de que la extinta Convergència canalizó a través de sus fundaciones sobornos de empresarios cercanos al partido para granjearse, a cambio, adjudicaciones públicas en Cataluña. Por ello, y ante la sospecha de que parte de estos fondos tendrían un origen ilícito, sostiene que "sí existen elementos de incriminación" de blanqueo de capitales.
Entre dichos elementos se encuentra el hecho de que algunos históricos de CDC, como la exconsejera Irene Rigau condenada por el 9-N, el exconsejero del Interior Jordi Jané o el exportavoz del partido en el Congreso Pérez Macías, efectuaron donaciones de alrededor de 3.000 euros en el momento investigado que luego recuperaron en efectivo.
Indicios de blanqueo de capitales
Anticorrupción alude al último informe de la Guardia Civil incorporado a esta causa del 3% que vendría a evidenciar que los datos de las donaciones no se corresponden con la documentación aportada. El escrito apela a las pruebas recabadas por la Policía Judicial y también a las declaraciones de testigos e imputados que apuntaron al extesorero de la formación nacionalista, Daniel Osácar, como la persona que coordinó este presunto sistema de financiación irregular.
La Fiscalía interpone recurso apenas días después de que el magistrado archivara la pieza relativa al blanqueo de capitales. Pedraz dio carpetazo esta pata de la causa del 3% alegando que, de las pesquisas realizadas estos tres últimos años, no se podía constatar ni que los fondos ingresados al partido provinieran de la trama por el saqueo del Palau, ni tampoco que esas donaciones encubrieran el retorno de dinero que originalmente era del partido.
Convergència utilizó de manera sistemática las donaciones de terceros como cauce para financiar su actividad. Esta manera de actuar de CDC no es nueva, sino una mera continuación de la estructura del caso PalauFiscalía Anticorrupción
Sin embargo, la Fiscalía insiste en que este último aspecto se debe seguir investigando a tenor de las declaraciones de imputados, testigos y también de la documental analizada. La propia Guardia Civil acreditó que la formación que fundó Jordi Pujol recibió entre 2008 y 2015 donaciones por importe de 1,67 millones de euros. En ese último ejercicio la cuantía de donaciones recibidas se incrementó en un 2.646% respecto a las percibidas en 2013, pasando de 14.640,00 euros a 402.085,00 euros.
A tenor de Anticorrupción, este patrón podría deberse a varios motivos: o bien que Convergència pusiera en marcha una campaña de captación de donantes y lo agrupara en un momento concreto (de ahí el auge de la cifra) o bien que que no se tratara de donaciones propiamente dichas, sino que fueran cuotas de afiliados que antes del 2014 lo contabilizaban de manera diferente.
Pitufeo con las donaciones
No obstante, mantiene viva la teoría de José de la Mata, el instructor inicial de la causa, que abrió esta pieza en 2020. La Fiscalía indica al respecto que podría tratarse de dinero del propio partido que reingresaba en sus arcas gracias a la intermediación de presuntos donantes. Se trata de una dinámica que se conoce como la técnica del pitufeo y mediante la cual empresarios y personas cercanas al partido habrían ingresado cantidades que previamente la información les habría entregado.
"Esta última explicación es perfectamente coherente con que las personas investigadas realizaran una actuación radicalmente diferente en los años 2008 a 2010, los años 2011 y 2013 y, posteriormente, los años 2014 y 2015, en que se constatan donaciones mensuales y de escaso valor", reza Anticorrupción, la cual recuerda que los principales imputados del procedimiento acreditaron como algunos de los pagos remitidos a la antecesora del PDeCAT no respondían a cuotas de afiliados.
Así se pronunció, por ejemplo, el que fuera responsable económico de la formación, Francesc Sánchez, en su declaración en sede judicial en enero de 2020. Las confesiones de estos líderes nacionalistas y la "homogeneidad" de los pagos demostrarían que había una "figura superior" que coordinaba todos estos ingresos. Esa persona fue el entones tesorero Daniel Osácar y, tras él, su sucesor Andreu Viloca.
Osácar (tesorero de CDC) confirmó que intervinieron a través de afiliados para que realizaran donaciones que, inmediatamente, les eran reembolsadas
Su declaración, según constata Anticorrupción, vino a confirmar la sospecha de los investigadores. El exdirigente de CDC confirmó la mecánica de afloramiento de dinero así como el hecho de que afiliados a la formación nacionalista hacían donaciones que, inmediatamente, les eran reembolsadas en efectivo con el dinero procedente de dichas actividades. Osácar afirmó, incluso, que el exconseller de Justicia catalán y también imputado, Germà Gordó, era quien dirigía esta estructura.
El caso Palau
Anticorrupción también alude a la investigación que se sigue en la pieza principal de la causa para apuntalar su tesis de Convergència "utilizó de manera sistemática" las donaciones de terceros a las Fundaciones CatDem y Forum Barcelona (ambas ligadas al partido) como cauce para financiar su actividad. Esta manera de actuar, dice la Fiscalía, no era nueva, sino una mera continuación del caso Palau relativo al desvío masivo de fondos de este ente que terminaron también en las arcas de CDC.
Al respecto cabe recordar que, aunque Pedraz ha archivado esta línea de investigación sobre el presunto blanqueo, en otra pieza de la causa ya ha marcado el camino al banquillo de una treintena de personas (entre políticos y empresarios) por la presunta financiación ilegal de la formación. Anticorrupción pide para ellos penas de hasta 22 años de prisión, así como multa de 3 millones de euros para el PDeCAT en su condición de heredero de la extinta CDC.
